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PROGRAMA
SECTORIAL AGRARIO 2001-2006
FICHA
TECNICA NORLEX
Nombre
corto: PROSAG06.
Legislación: Federal.
Fuente: D.O.F.
Emite: SRA.
Fecha
de publicación:
04 de febrero de 2002.
Fecha
de entrada en vigor:
04 de febrero de 2002.
1.-
INTRODUCCION
El Estado mexicano, desde la Ley Agraria
de 1915 y por mandato constitucional, durante 77 años, llevó a cabo el reparto
agrario para satisfacer uno de los reclamos más sentidos del movimiento social
de 1910. En este proceso, se dotó y reconoció en favor de los campesinos, que
hoy son ejidatarios y comuneros, 103.5 millones de hectáreas, superficie que
representa aproximadamente el 52% del territorio nacional y la cual alberga a
la fecha 29,942 núcleos agrarios.
La acción más relevante de la última
década en materia agraria fue la reforma al artículo 27 constitucional,
aprobada por el Congreso de la Unión el 3 de enero de 1992, con esta reforma se
dio por terminada la obligación del Estado de dotar a los grupos solicitantes
de tierras y se puso fin al reparto agrario.
Las modificaciones constituyeron
también un reconocimiento a la personalidad jurídica de ejidos y comunidades y
a la madurez del sujeto agrario, a quien le otorgaron la libertad de determinar
a través de su Asamblea, el destino de las tierras del ejido y el derecho a
decidir por sí mismo el de su parcela, para aprovecharla directamente o
celebrar contratos respecto de ella, enajenar sus derechos e inclusive adoptar
el dominio pleno, así como el derecho a organizarse de la forma en que más
convenga a sus intereses.
La reforma misma propició que se
adoptaran nuevas estrategias y líneas de acción, tendientes a consolidar las
nuevas etapas de la reforma agraria: el ordenamiento y regularización de la
tenencia de la tierra y la capacitación y organización de los sujetos agrarios,
buscando sentar las bases para propiciar la capitalización del agro.
Ahora, la nueva Administración recibe
el gran reto de atender a la población campesina, la cual constituye una cuarta
parte de los habitantes del País y vive en el medio en el que se presentan los
índices más críticos de pobreza y de marginación.
El Gobierno Federal debe de implementar
una política agraria que dé un impulso firme y decidido hacia el cambio
positivo, con sentido social y profundamente humano, que propicie las
condiciones que coadyuven a superar la desigualdad y la pobreza en la que vive
una gran parte de los habitantes del medio rural.
Con la intención del cambio positivo,
es necesario que la política agraria busque reencontrar la dignidad del trabajo
en el medio rural, mejorar la autoestima del sujeto agrario y afirmar sus
valores.
Las acciones que se instrumenten deben
dirigirse a ofrecer servicios de calidad a los sujetos agrarios, en un marco de
respeto y trato digno, a través de la renovación de las instituciones, las
cuales deben iniciar un proceso de reorganización acorde con los nuevos
tiempos. Para ello, se emprenderá una revisión integral de las actividades y de
los procesos técnicos y administrativos, congruente con las metas de
simplificación y desregulación para lograr una mayor eficiencia en el Sector.
Con base en el diagnóstico que se ha
efectuado, se definirán los retos actuales de las instituciones que conforman
el Sector Agrario: la Secretaría de la Reforma Agraria, como coordinadora del
mismo; el Registro Agrario Nacional, como órgano desconcentrado responsable del
otorgamiento de certeza documental y seguridad jurídica sobre la tenencia de la
tierra; la Procuraduría Agraria, como organismo público descentralizado
encargado de la asesoría y defensa de los sujetos agrarios; y, el Fondo
Nacional de Fomento Ejidal, como fideicomiso público encargado de captar,
manejar y entregar los recursos provenientes de los fondos comunes ejidales y
comunales, así como de fomentar e impulsar proyectos de desarrollo productivo o
social y de promover la reversión de tierras.
El Sector conoce su razón de ser y
cuenta con las convicciones necesarias para satisfacerla, tiene una visión
clara de lo que se pretende y, con las directrices del Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, establece sus objetivos,
estrategias y líneas de acción para avanzar en el compromiso de ofrecer a los
campesinos los medios para cristalizar sus anhelos y aspiraciones, que les
permitan ser parte del México moderno, justo y fuerte al que tienen derecho.
2.- MARCO GENERAL
Una de las características que habrá de
identificar la presente Administración, es la estrecha comunicación que se ha
establecido con todos los actores de la sociedad, por lo que la planeación
participativa constituye un imperativo de este Gobierno.
La planeación no debe ser más un
estéril ejercicio ni tampoco una acción estatista que sustituya a la sociedad e
inhiba la creatividad. Debe permitir la atención eficaz de las prioridades que
democráticamente se ha propuesto. En este sentido, se ha realizado un esfuerzo
de previsión, de racionalidad, de orden, de coordinación y, sobre todo, un gran
trabajo de conciliación entre los intereses de los individuos y la sociedad,
entre opiniones de especialistas y las del campesino que conoce mejor cuáles
son sus principales necesidades y, en general, entre la experiencia y el
sentido innovador, entre lo que se ha hecho y lo que se pretende hacer.
Fundamento jurídico
En términos de lo dispuesto por los
artículos 25 y 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
2o., 9o., 16, 17, 22, 23, 28, 29, 30, 31 y 32 de la Ley de Planeación, 9o., 26
y 41, fracciones I, IV, V, XI y XIII, de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, 4o., 5o., 6o., 7o. y 8o. de la Ley Agraria, se elaboró el
presente Programa Sectorial Agrario
2001-2006, sujeto a los lineamientos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006 y
a las indicaciones de la Oficina de Planeación Estratégica y Desarrollo
Regional, de la Presidencia de la República.
Reporte integral de planeación
De acuerdo a lo anterior y conforme al
Sistema Nacional de Planeación Democrática, se llevó a cabo la elaboración del
Reporte Integral del Sector Agrario, el cual fue uno de los insumos que
sirvieron de base para la integración del Plan
Nacional de Desarrollo y del presente Programa
Sectorial Agrario 2001-2006.
En este contexto y como respuesta al
mandato constitucional que impone al Estado la obligación de conducir el
desarrollo nacional mediante un sistema de planeación democrática, la
Secretaría de la Reforma Agraria inició la presente gestión con la organización
de una Consulta Popular a nivel nacional con el objetivo de recoger las
principales inquietudes del sector de la población que habita el medio rural,
así como las de organizaciones y ciudadanos interesados en el tema.
Consulta popular
A partir de los temas sustantivos que
rigen el quehacer institucional del Sector Agrario, el Desarrollo Agrario
Integral y la Tenencia de la Tierra se establecieron como las vertientes de
análisis, reflexión y propuesta. Este ejercicio se realizó a través de
encuestas por correo directo y vía internet, así como de reuniones de opinión
ciudadana, en las modalidades de foros, ponencias y sesiones de planeación.
El estudio e integración de las
peticiones, se llevaron a cabo con la entusiasta colaboración de funcionarios
centrales y de las representaciones estatales de la SRA y de sus organismos
sectorizados.
Este ejercicio democrático se tradujo
en la captación de opiniones y recomendaciones vertidas en las ponencias que
presentaron organizaciones campesinas, servidores agrarios, académicos y
población en general, lo que indudablemente ha clarificado y orientado el
camino que tomará la política agraria.
Intercambio con legisladores
Además de las propuestas ciudadanas
hechas en forma directa, el Programa se enriqueció con el intercambio
respetuoso y abierto de opiniones, análisis y deliberaciones que se han
establecido con el Poder Legislativo. El consenso y la búsqueda de
coincidencias con los distintos grupos parlamentarios, es uno de los
instrumentos de mayor eficacia a los que esta administración habrá de acudir
para generar alternativas que mejoren las condiciones de vida de los habitantes
del medio rural.
Actividades sectoriales e
intersectoriales
Con el fin de fortalecer las
experiencias obtenidas durante el proceso de planeación, se realizaron múltiples
ejercicios con funcionarios de la Secretaría de la Reforma Agraria, el Registro
Agrario Nacional, la Procuraduría Agraria y el Fideicomiso Fondo Nacional de
Fomento Ejidal. Entre estos ejercicios, se llevó a cabo el “Taller de trabajo
PSA 2001-2006”, cuyo resultado fue un diagnóstico más preciso de la situación
que guarda el Sector Agrario.
En el marco de un buen gobierno, el
presente Programa incorpora la visión, la misión, los objetivos, las
estrategias y los aspectos estructurales del desarrollo, de acuerdo a las tres
prioridades marcadas por el Plan Nacional
de Desarrollo: desarrollo social y humano, crecimiento con calidad, orden y
respeto. Asimismo, se ha realizado un minucioso análisis para basar la
actuación del Sector en los principios fundamentales de este gobierno:
humanismo, equidad y cambio; en los criterios centrales para el desarrollo de
la nación: inclusión, sustentabilidad, competitividad y desarrollo regional; y,
en las cinco normas básicas de acción gubernamental: apego a la legalidad,
gobernabilidad democrática, federalismo, transparencia y rendición de cuentas.
Con el apoyo de la Oficina de
Planeación Estratégica y Desarrollo Regional de la Presidencia de la República,
se llevó a cabo una sesión de análisis del Programa
Sectorial Agrario, en la que participaron SAGARPA, SEDESOL, SEMARNAT y los
Tribunales Agrarios. El intercambio de puntos de vista, los comentarios sobre
los programas y acciones que manejan las citadas dependencias y Tribunales,
fueron de gran valor para enriquecer este documento.
Cada uno de los objetivos establecidos
en el Programa, podrá ser claramente medido mediante el Sistema Nacional de
Indicadores, con el fin de establecer una relación sistemática y transparente
entre el gobierno y los ciudadanos para efectuar el seguimiento y la evaluación
del desempeño de las instituciones que conforman el Sector Agrario y el de sus
servidores públicos.
3.-
ANALISIS DEL SECTOR
Entorno del Sector
México se encuentra inmerso en procesos
de cambio profundos y diversos. El Plan
Nacional de Desarrollo 2001-2006 define cuatro grandes procesos de
transición, mismos que obligan a redefinir metas y adecuar las políticas
públicas para responder a los retos nacionales. A continuación, se presenta un
análisis de la circunstancia en que se desenvuelve el entorno del Sector
Agrario.
Transición demográfica
Los cambios en materia de población
están conformando un entorno social diferente. En el México de 1900, el 90% de
los habitantes vivía en el campo. En los albores del siglo XXI, sólo el 25% de
la población reside en el medio rural.
¡Error!
Marcador no definido. El éxodo del campo
De acuerdo a los datos del Consejo
Nacional de Población, los flujos migratorios netos de municipios rurales hacia
los urbanos en el periodo 1995-2000, se estiman en 407 mil personas. La
migración neta a los Estados Unidos representa un movimiento anual aproximado
de 300 mil personas, de las cuales el 42.6% es de origen rural.
Hay una marcada migración de hombres y
jóvenes del campo, dejando a sus familias en el medio rural, propiciando un
desequilibrio en la vida de los núcleos familiares y en los procesos
productivos del campo.
¡Error!
Marcador no definido. Causas de los movimientos demográficos
rurales
La falta de oportunidades en su tierra
y la marginación del desarrollo en que viven las comunidades rurales, son las
principales razones por las que se genera el éxodo. A ello se debe sumar el
crecimiento natural de la población, lo que provoca un incremento en la demanda
de tierra. Sin embargo, en tanto la población rural se multiplica, la
superficie en la que es factible realizar actividades agrícolas, ganaderas o
forestales, se reduce, por la degradación del suelo, el crecimiento de las
ciudades y, en su caso, el surgimiento de nuevos centros urbanos, lo que
ocasiona que haya una población que debe buscar la subsistencia en otras
actividades y lugares diferentes a los tradicionalmente rurales.
Los anteriores son fenómenos que
configuran un entorno con necesidades a las cuales hay que dar respuesta, para
evitar que continúe el deterioro de la situación rural. Debemos buscar
alternativas para integrar a los habitantes del medio rural a nuevos esquemas
de desarrollo en sus núcleos de población, propiciando la convivencia armónica
a través del desempeño de actividades productivas acordes a su entorno.
¡Error!
Marcador no definido. El envejecimiento de los titulares de la
tierra
De los 3.5 millones de titulares de la
tierra, más de la mitad tiene una edad superior a los 50 años y, la quinta
parte de ésta, supera los 65. Si se espera a que ocurra de manera natural un
relevo generacional, los nuevos propietarios que dentro de los siguientes 15
años hereden la propiedad, habrán cumplido en promedio 45 años, teniendo a su
vez hijos que sobrepasan los 20 años y que ya han formado nuevas familias.
¡Error!
Marcador no definido. Presencia femenina en el medio rural
Concatenados a estos fenómenos, se
observa una tendencia de feminización del campo mexicano. Hoy casi medio millón
de mujeres son titulares de alguna tierra: 251,369, son ejidatarias; 3,874, son
comuneras. Existen 51,412 mujeres posesionarias y 177,693 avecindadas. Las mujeres
también están presentes en los órganos de representación: 649 presidentas de
comisariado ejidal; 1,570 secretarias; y, 2,322 tesoreras. Además, 4,936 forman
parte de los órganos de vigilancia. Como se aprecia, la presencia femenina
representa una parte muy importante del capital humano del campo mexicano.
Transición social
¡Error!
Marcador no definido. Participación de la sociedad civil
Una característica que se ha destacado
de la transición social, es la participación de la sociedad civil de zonas
urbanas, como un actor principal en la toma de decisiones. Esta participación
se presenta en el campo, aunque en menor escala, por ello se requiere
instrumentar mecanismos que incentiven la convicción de participación de la sociedad
civil en el medio rural, atendiendo a necesidades colectivas reales, a fin de
dejar atrás el corporativismo.
¡Error!
Marcador no definido. Grupos de la sociedad civil
La participación de organizaciones
civiles, que buscan el desarrollo humano y social de los habitantes del medio
rural, es una oportunidad para tener nuevos interlocutores y contar con
mecanismos para generar innovadoras formas de atención y solución de las
necesidades de los campesinos, a través de canalizar recursos a los que más los
requieren, con una mayor transparencia y sin connotaciones políticas,
partidistas o religiosas.
¡Error!
Marcador no definido. Una mayor participación de la mujer
Es evidente la participación femenina
en todas las actividades de la vida nacional, en el campo ésta sucede con más
frecuencia, en función del éxodo de los varones, lo que obliga a la mujer a
convertirse en jefa de familia y a participar en todo tipo de tareas,
destacando su honradez y firmeza, lo que las hace sobresalir en actividades
administrativas. Sin embargo, es importante apoyarlas con capacitación y
conocimientos que les permitan desarrollar con mayor eficiencia las tareas que
familiar y socialmente se adicionan a su rol tradicional.
¡Error!
Marcador no definido. La familia fuente de solidaridad y fortaleza
social
En el entorno rural, la familia sigue
siendo la unidad fundamental en el desarrollo personal y social. En ella
existen solidaridad, valores, tradiciones y lazos sociales. Sin embargo, la
migración forzosa de los hombres y la marginación social, impactan
negativamente en el ámbito familiar.
¡Error!
Marcador no definido. La educación, eje para detonar el desarrollo
En el campo se presentan los índices
más altos de analfabetismo y los menores niveles educativos de sus habitantes.
En el Plan Nacional de Desarrollo 2001-2006, se considera que la educación es
un factor fundamental para consolidar una transición adecuada en el medio
rural. Se debe hacer hincapié en que la educación debe buscar enraizar al
individuo en su comunidad, dándole elementos para conocer las oportunidades de
desarrollo que existen en su región o bien las que puede generar en ella,
formándolo en valores que le posibiliten un mayor desarrollo humano y social y
capacitándolo para obtener mejores niveles de productividad y, como
consecuencia, elevar su calidad de vida.
Transición económica
¡Error!
Marcador no definido. La globalización
México se encuentra inmerso en un mundo
globalizado, el cual tiene una fuerte influencia en la vida económica de los
pueblos. Ante este fenómeno, es necesario advertir las oportunidades y amenazas
que se plantean en el medio rural: la exposición a mercados internacionales,
nuevas tecnologías, la dificultad de acceder a financiamientos, entre otros,
son eventos que los habitantes del campo mexicano deben enfrentar, con el apoyo
no tan solo del Sector Agrario, sino del Gobierno Federal en su conjunto.
¡Error!
Marcador no definido. De gobierno dueño, a gobierno regulador
De un gobierno omnipresente en la
actividad económica, se ha transitado hacia un gobierno regulador, cuya función
es buscar la equidad entre los diferentes actores económicos, con una clara
vocación para apoyar a los menos favorecidos por el desarrollo, buscando
insertarlos en esquemas de crecimiento. El cambio es claro, de un modelo
paternalista a un modelo de desarrollo con corresponsabilidad, en el que cada
quien asuma el rol que le atañe.
¡Error!
Marcador no definido. Nuevas tareas a realizar con relación al
campo
La transición económica requiere el
desarrollo de nuevas tareas, en las que el individuo responsablemente trabaje
en su crecimiento como agente activo del desarrollo; por lo que, se deben
diseñar programas de apoyo y acompañamiento que propicien e incentiven ese
crecimiento, buscando tener efectos multiplicadores. Es impostergable que el
sector rural se integre al desarrollo. Para ello se requiere un trabajo
conjunto que fomente la cooperación y solidaridad entre los tenedores de la
tierra y los poseedores del capital, para propiciar la integración productiva,
a través de las diversas formas de asociación permitidas por la ley, tomando en
consideración los distintos regímenes de tenencia de la tierra y la libertad de
los sujetos agrarios para adoptar el que mejor les convenga.
¡Error!
Marcador no definido. Víctimas del desarrollo económico
El Gobierno Federal reconoce la deuda
que se tiene con la gente del campo y que gran parte de la miseria que en él
existe, surge del desequilibrio derivado de los apoyos otorgados al medio
urbano, en comparación a los destinados al ámbito rural. De ahí la necesidad de
impulsar la inversión para ofrecer mejores oportunidades a los habitantes del
campo, buscando el desarrollo productivo, no sólo en materia agropecuaria, sino
en otras actividades que aprovechen el potencial de los recursos naturales que
existen en su entorno y que puedan mejorar el ámbito rural.
¡Error!
Marcador no definido. El minifundio
El 60% de la propiedad social tiene, en
promedio, menos de cinco hectáreas por persona. El producto generado del
trabajo de esta superficie, no permite atender suficientemente las necesidades
primarias de sus titulares y las de sus familias. En México, la mitad de
quienes trabajan en el campo, obtiene la mayor parte de sus ingresos por
actividades realizadas fuera de sus parcelas. Urge poner en marcha programas
que faciliten la asociación de individuos, en grupos que mejoren sus
posibilidades de compra, comercialización, distribución, aprovechamiento de
recursos y uso de tecnologías.
¡Error!
Marcador no definido. La inseguridad en la tenencia de la tierra y
la falta de inversión en el campo
La inseguridad jurídica en la tenencia
de la tierra generada por el desconocimiento de la superficie real de la
propiedad de los núcleos agrarios y por la falta de los documentos que
consignen en forma indubitable los derechos del ejidatario o comunero; la
escasa presencia de fondos privados y públicos; la existencia de un marco
jurídico rígido, que restó capacidad de decisión a los sujetos agrarios y
obstaculizó sus posibilidades de asociación; la generación de mercados ilegales
para la transacción de parcelas y comercialización de tierras ejidales, así
como la polarización de la propiedad privada y social, constituyeron un freno
al desarrollo económico y social del campo mexicano.
¡Error!
Marcador no definido. El bajo nivel en la calidad de vida
Las dificultades económicas del campo
se observan en el deterioro de los niveles de empleo e ingreso de la población
rural. Esta situación se expresa claramente en la hiriente realidad: de las
personas ocupadas en las actividades agrícolas, ganaderas, silvícolas y
pesqueras, el 30% no recibe ingresos y el 39% se ubica en el grupo con ingreso
de hasta un salario mínimo. Sólo el 5.2% obtiene ingresos superiores a cinco
salarios mínimos.
La escasa diversificación de las
actividades económicas alrededor de los núcleos agrarios y los bajos ingresos
de su población ocupada, impactan negativamente los niveles de bienestar. De
ahí que, sólo el 46% de las viviendas propiedad de ejidatarios y comuneros
cuente con agua entubada, 16.5% con drenaje y 65.9% con energía eléctrica.
¡Error!
Marcador no definido. La necesidad de una visión regional
México es una nación con grandes
desequilibrios regionales, donde la diversidad de climas, orografía y culturas,
hace indispensable optimizar recursos que abran oportunidades locales para un
desarrollo sustentable. Por ello es importante la coordinación con los
diferentes órdenes de gobierno para alcanzar una visión de futuro con apego a
las diversas realidades locales y regionales.
¡Error!
Marcador no definido. La presión social sobre la tierra
En promedio, en cada ejido viven 289
sujetos que no tienen acceso a la tierra. Por cada propietario, existen 6
habitantes más, que derivan sus ingresos de actividades relacionadas con el
sector primario de la economía.
¡Error!
Marcador no definido. Mejorar la forma de administrar en todos los
niveles
Hacer responsables a los individuos y
sus organizaciones del uso y administración de los recursos públicos otorgados
por los diferentes órdenes de gobierno, implica mejorar la capacidad de gestión
y la distribución de los recursos a un mayor número de personas, propiciando la
equidad y evitando la duplicidad en el otorgamiento de recursos.
¡Error!
Marcador no definido. Llevar la tecnología al campo
En el mundo globalizado de hoy, uno de
los factores importantes de competitividad es el uso de tecnología adecuada. Es
innegable que en algunas zonas del campo mexicano, sobre todo en ejidos y
comunidades, existe un fuerte desfasamiento con respecto a la tecnología
utilizada en el aprovechamiento de la propiedad privada, lo que conlleva a que
aquéllas estén en desventaja frente a otras zonas de producción, tanto
nacionales como extranjeras. En una visión de futuro, es indispensable aplicar
las tecnologías adecuadas para alcanzar los niveles de productividad necesarios
para competir en los mercados.
Transición política
El paso de un esquema de gobierno de
partido único a un sistema democrático pluripartidista; de posiciones
autoritarias en el manejo del gobierno a una situación donde se privilegia el
diálogo y el consenso entre las partes, es un importante avance hacia una
relación de gobierno-sociedad, en donde todos debemos participar para favorecer
un clima de libertad y responsabilidad compartida.
¡Error!
Marcador no definido. La libertad como base del desarrollo
democrático
La transición política ha llevado
necesariamente a la libertad del individuo para elegir sus gobernantes. En el
ámbito rural, se llevaron a cabo prácticas corporativistas, pasando a segundo
término la visión objetiva de lo que deberían ser las políticas de desarrollo y
productividad. El Gobierno Federal actual dirige sus programas de desarrollo
rural y agrario sin ninguna orientación partidista.
¡Error!
Marcador no definido. El fortalecimiento de poderes
El cambio político indudablemente ha
fortalecido los Poderes de la Unión, reconociendo la pluralidad política actual
y haciendo muy claras las tareas que cada uno debe tener y el respeto que entre
todos debe existir. En el desarrollo rural es importante considerar los
planteamientos que haga el Poder Legislativo respecto a los Programas de
Gobierno, así como acatar los mandatos que procedan del Poder Judicial. De esta
forma, se favorecerá la consolidación de las Instituciones y coadyuvará al
ejercicio de sus atribuciones y cumplimiento de sus obligaciones
administrativas.
¡Error!
Marcador no definido. La convergencia por medio de acuerdos
La búsqueda de consensos no es sólo una
herramienta política, sino también de diálogo democrático, en donde
respetuosamente se escuchan los planteamientos de las partes, se acuerdan
puntos comunes y, con un ejercicio de buena voluntad, se minimizan los puntos
antagónicos. Esto en el campo resulta de importancia relevante, debido a que
todas las fuerzas políticas han expresado su interés por el desarrollo del
mismo, por el crecimiento individual y social de sus integrantes y por llevar
la justicia a un medio tan desamparado; por lo que, con estos objetivos
comunes, se deben buscar métodos convergentes para lograr alcanzarlos.
¡Error!
Marcador no definido. El respeto al estado de derecho
Una condición indispensable para que se
pueda dar un diálogo respetuoso entre las partes, es que todos convengan en el
estado de derecho, en el acuerdo de no romper con él, aplicando presiones o
actividades que violenten o vulneren el derecho de otros. Sin esta condición,
no es posible cimentar relaciones de trabajo fundadas en la confianza y respeto
mutuo entre Gobierno y sociedad civil.
¡Error!
Marcador no definido. La rendición de cuentas
En una sociedad democrática, el
Gobierno debe entregar cuentas claras de su gestión a los ciudadanos que lo
eligieron. De ahí la importancia de la rendición de cuentas. Este punto cobra
especial relevancia en el campo, para que no vuelva a suceder que sea uno de
los sectores en los que más invierta la Nación y en donde menos resultados se
obtengan. La rendición de cuentas no es tan solo a los organismos de
fiscalización y vigilancia que existen en la Administración Pública, sino
también directamente a la sociedad, para que ésta conozca y evalúe el desempeño
del Gobierno.
¡Error!
Marcador no definido. Vivir la democracia en el campo
Una democracia participativa es
condición indispensable para que el ciudadano tome parte de las decisiones que
afectan su vida en comunidad. Respetando la libertad del individuo, es
conveniente propiciar las condiciones para que los ejidos y comunidades, así
como las diversas formas de organización de ejidatarios y comuneros, tengan una
vida democrática interna.
Hay un fenómeno que se repite con mucha
frecuencia hacia el interior de los núcleos agrarios y sus diversas formas de
organización: la eternización de sus representantes. Este es un aspecto que
presenta diversas aristas, entre las que destaca la referente a los liderazgos
negativos que derivan en cacicazgos. Este tipo de dirigencia daña mucho a los
sujetos agrarios, ya que, se opone a la superación de estadíos que afectan las
prebendas que disfrutan.
En este aspecto, con pleno respeto a
las decisiones de los ejidos y comunidades, las instituciones del Sector
trabajarán apoyándolos para modernizar su organización interna y la
transparencia en sus operaciones, con el fin de que los núcleos agrarios y sus
diversas formas de organización, cuenten con órganos de representación y
vigilancia legítimos.
Diagnóstico de las actividades del
Sector
La Reforma Agraria, en la etapa del
reparto de tierras, entregó 103.5 millones de hectáreas, que representan el 52%
del territorio nacional, a 3.5 millones de familias campesinas. Sin embargo,
durante este proceso, el poseedor de la tierra, con base en las restricciones
existentes antes de la reforma constitucional de 1992, no tenía la calidad de
propietario, sino de simple usufructuario, calidad que estaba condicionada a
que explotara en forma directa la tierra y a que no se desavecindara del núcleo
agrario.
Las reformas al artículo 27
constitucional y la expedición de la Ley Agraria, establecieron las nuevas
condiciones para el desarrollo de la población campesina. Estas disposiciones
legales han permitido a los sujetos agrarios, el reconocimiento de la personalidad
jurídica y del patrimonio de los núcleos agrarios; gozar del pleno y libre
ejercicio de los derechos sobre la tierra; decidir lo referente a la
posibilidad de determinar y cambiar el destino de las tierras de su propiedad;
transmitir sus derechos, incluyendo su aportación a sociedades civiles y
mercantiles, asociarse con terceros o ceder temporalmente el aprovechamiento de
sus bienes.
En el proceso de concertación que
involucró a organizaciones campesinas, para la consolidación del nuevo marco
institucional, entre 1996 y 1998, se firmaron 34 acuerdos agrarios con
organizaciones y 3 con grupos independientes, a fin de resolver asuntos relacionados
con demandas de tierra que ya no era posible satisfacer. Cabe aclarar que,
salvo algunas excepciones regionales, en la problemática actual del agro, la
tierra no constituye la principal demanda agraria, ni su acumulación al margen
de la ley, es un problema estructural.
Con la conclusión del reparto agrario,
se inició la etapa de ordenamiento y regularización de la tierra. Para
completar esa fase, se requiere integrar al Programa de Certificación de
Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) a 7,855 núcleos
agrarios propietarios de una superficie cercana a los 46 millones de hectáreas.
Paralelamente, una tercera etapa se ha
desarrollado: la capacitación y organización agraria. Estos serán los elementos
para que los ejidos tengan capacidad jurídico-administrativa y económica, para
volver sujetos de crédito a ejidatarios y comuneros, a través de nuevas
modalidades en el uso de la tierra, que propicien la circulación de la misma,
de un sistema de garantías que tenga como base la seguridad jurídica y la
certeza en la propiedad de la tierra y del impulso a proyectos productivos.
En este aspecto, es importante destacar
que los propósitos enunciados en la Exposición de Motivos en la reforma al
artículo 27 constitucional, se han visto limitados, ya que, la idea de
potenciar la creación de núcleos de producción, que rebasaran el problema del
minifundio y la posibilidad de asociarse con personas físicas o morales para
atraer al capital privado que apoyara la inversión pública, no han prosperado.
Las razones para ello son de diversa índole:
De
carácter social/antropológico
- Existe una vinculación natural entre el campesino y la tierra; la tierra es
más que un bien material que puede trocarse en cualquier momento, es la
herencia de sus ancestros y, en consecuencia, cuidarla y transmitirla a los
descendientes, son obligaciones de una alta jerarquía; representa un
instrumento de dignidad frente a su comunidad, lo hace ocupar un lugar, ser
alguien. Juega en este campo, el carácter individualista de la mayoría de los
campesinos.
De
carácter político - Algunos líderes
sin vocación de servicio, para tratar de mantener su hegemonía, inculcan temor
a los campesinos de que podrían perder sus tierras si acceden a incorporarse al
PROCEDE, porque, de acuerdo a sus argumentos, este Programa implica la
privatización de sus tierras. Al respecto cabe apuntar que menos del 1% de la
propiedad social, por decisión libre de ejidatarios y comuneros, se ha
transformado al régimen de dominio pleno.
A) Ordenamiento
y regularización de la propiedad rural
El Programa de Certificación de Derechos
Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) ha posibilitado la
regularización y certificación del 55.3% de la superficie total de la propiedad
social. Sin embargo, aún resta por certificar el 44.7%, debido, entre otras
razones, a controversias o procedimientos legales que impiden su certificación,
a conflictos por límites o a problemática interna, o a la simple negativa de
los núcleos para ingresar al Programa, basada en la ignorancia de su
naturaleza, alcance y demás características.
Terrenos nacionales
Actualmente se tienen 17,000
solicitudes de enajenación de terrenos presuntamente nacionales en trámite.
Este número se incrementa en un 30% aproximadamente al año, en relación con la
titulación típica, y en forma considerable con respecto al Programa de
Titulación Social que se ha desarrollado en losEstados de Campeche, Hidalgo,
Puebla, Sonora y Veracruz, cuyos resultados han beneficiadoa
nacionaleros-minifundistas y antiguos posesionarios de fracciones que, en
muchos casos, cuentan con superficies menores a 1-00-00 hectárea, lo que
demuestra el alto contenido e impacto social de las políticas instrumentadas
por la Secretaría a favor de los grupos rurales más desposeídos.
La falta de coordinación derivada de
las competencias exclusivas de los tres órdenes de gobierno y las condiciones
precarias en que normalmente laboran las unidades administrativas del Sector
Agrario, no han permitido que se construya un mosaico de localización de los
terrenos solicitados y titulados con posterioridad, lo que actualmente deriva
en conflictos entre titulares y poseedores o solicitantes de los terrenos por
sobreposición de los mismos.
Asimismo, el artículo sexto transitorio
del Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad
Rural, dispuso que todas las personas que tuvieran un trámite de regularización
iniciado antes de la publicación de dicho cuerpo normativo (4 de enero de
1996), deberían acudir a actualizar dicha solicitud, sin que muchos de los
interesados se hayan presentado a cubrir ese requisito, circunstancia que
obstaculizó la culminación de los procedimientos relativos.
Entre otros casos, el procedimiento
llega hasta la emisión de la orden de pago por el valor de enajenación de la
tierra. Sin embargo, el interesado no acude a efectuar el pago del predio,
circunstancia que impide expedir el título de propiedad correspondiente. En
este aspecto, se estima conveniente motivar a los gobiernos estatales para que
apoyen a los campesinos que se ubiquen dentro de rangos preestablecidos con el
pago de los derechos a que haya lugar.
Colonias
agrícolas y ganaderas
El régimen de colonias agrícolas,
ganaderas o agropecuarias, presenta características susceptibles de ser
calificadas como híbridas, en función de combinar algunos aspectos de la
propiedad privada con otros de naturaleza colectiva para la toma de decisiones
en común.
En consecuencia, la propiedad de la
tierra, esto es, la de los lotes que conforman a la colonia y la de las
superficies de uso común, así como las áreas de asentamientos humanos, se rigen
por el Derecho Civil de la Entidad Federativa donde se ubican.
De un universo total de 781 colonias, a
diciembre de 2000 restan 368 de culminar el procedimiento operativo para su
regularización; de éstas, 339 cuentan con diagnóstico; 301 con asamblea general
de opción; en 155 se han integrado expedientes; y en 43, se han llevado a cabo
trabajos técnicos. Quedan pendientes 29 diagnósticos, 67 asambleas generales de
opción, 213 expedientes por integrar y 226 trabajos técnicos por realizar.
Una causa que limita la integración de
expedientes individuales y la realización de los trabajos técnicos, es la
imposibilidad de los integrantes de la colonia para proporcionar su
documentación, así como la falta de apoyo de su parte para la realización de
los trabajos técnicos. La experiencia del programa nos hace conocer que la participación de los sujetos de derecho, no es
continua y que, en muchas ocasiones, inclusive, es nula.
Expropiación
de terrenos ejidales y comunales
Se encuentran en trámite 1,067
expedientes relativos a la expropiación de predios que se distribuyen en el
territorio nacional y cuyo trámite se inició en años anteriores. En adición a
los expedientes en trámite, ingresan aproximadamente 360 nuevas solicitudes de
expropiación por año. Igualmente, a la fecha se encuentran 1,836 decretos sin
ejecutar, en virtud de que, en la mayoría de los casos, está pendiente el pago
de la indemnización correspondiente por parte de los promoventes.
Reversión
de bienes expropiados a ejidos y comunidades
Una de las actividades relevantes del
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) es vigilar que los
bienes expropiados a ejidos y comunidades, se destinen al fin señalado en el
decreto expropiatorio y que se cumpla con la causa de utilidad pública del
mismo. El no destinar el bien expropiado a la causa de utilidad pública que
motivó la emisión del decreto o el hecho de que no se satisfaga la causa de
utilidad pública en el término de cinco años, hace exigible la reversión de las
tierras de que se trate.
Al 31 de diciembre de 2000, existían 94
juicios agrarios de reversión parcial o total de tierras en trámite.
Independientemente de estos juicios, se tienen 343 asuntos, en los que se
estudia la pertinencia de ejercitar la acción de reversión de tierras.
Excedentes
de tierras ejidales y de sociedades mercantiles y civiles
Actualmente, se están desahogando 670
denuncias presentadas en el periodo 1997 al 2000. La Secretaría de la Reforma
Agraria cuenta con otros 40 expedientes ya integrados para su resolución,
conformándose un universo de atención de 710 asuntos.
Actividades
jurídicas y administrativas
Como parte de las tareas permanentes de
la Secretaría de la Reforma Agraria, destacan las relativas a la atención y
seguimiento de juicios de diversa índole, instaurados con motivo del
cumplimiento de las actividades sustantivas de la Dependencia, mismos que en
cualquier momento pueden incrementarse, debido a que en materia agraria no
existe término legal para que los sujetos agrarios promuevan el juicio de
amparo o interpongan el juicio agrario, en contra de los actos de las
autoridades agrarias.
En tal sentido, al iniciar la presente
Administración, se encontraban en trámite 796 juicios de amparo y 342 juicios
agrarios. Adicionalmente, se estaban tramitando 28 juicios civiles; 9 fiscales;
84 laborales y se daba atención a 12 quejas ante la Comisión Nacional de
Derechos Humanos. En el rubro de ejecutorias, existían 933 pendientes de
cumplimiento.
En términos de la hoy derogada Ley
Federal de Reforma Agraria se deben realizar ciertas actividades
administrativas que derivan de Resoluciones Presidenciales expedidas cuando el
ordenamiento legal de referencia se encontraba vigente.
Al 1o. de diciembre de 2000, estaba
pendiente la realización de 488 acciones, las que incluyen, entre otras, la
ejecución total y complementaria de Resoluciones Presidenciales, la elaboración
de planos y el cumplimiento de acuerdos de los Tribunales Agrarios.
Cabe mencionar, que mientras no sea
regularizada la situación jurídica de los núcleos agrarios, se verán
disminuidas sus posibilidades de acceder a algún proyecto de inversión o
asociación productiva y, al propio tiempo, constituirán potenciales centros de
conflicto.
Derivado del esfuerzo de certificación
y ordenamiento de los últimos años, se propone la integración del Sistema Unico
de Servicios Catastrales Rurales, a partir de la información registral con que
cuentan las instituciones agrarias, como un instrumento capaz de poner a disposición
de los usuarios, la información que requieran sobre los predios rústicos del
País.
En este sentido, es indispensable
culminar, en el corto plazo, la transferencia de la información derivada del
PROCEDE, actualmente a cargo del Instituto Nacional de Estadística Geografía e
Informática (INEGI), al Registro Agrario Nacional, con el fin de aprovecharla y
de permitir que las instituciones agrarias y el público en general se
beneficien con la disponibilidad de la misma.
A fin de mantener la unidad y homogeneidad
de la información para su cabal aprovechamiento,las normas técnicas en materia
de catastro rural, deberán ser aplicables en todo el País y en los tres niveles
de gobierno.
En el mediano-largo plazo, se podrá
lograr que la información provista por el Sistema Unico de Servicios
Catastrales Rurales, sea útil, actualizada, pública y para el beneficio de los
interesados, siempre y cuando se provea al organismo competente para ello de
los recursos financieros y de la infraestructura necesaria.
B) Procuración
de justicia agraria
los problemas agrarios de orden
jurídico, se entienden como las controversias formalmente planteadas y que se
vinculan directamente con la tenencia de la tierra de propiedad social. Dentro de estos conflictos sobresalen: los motivados por
la posesión de una parcela, la sucesión de derechos ejidales y comunales, la
posesión de solares, la determinación de límites parcelarios y la enajenación
de derechos parcelarios.
Es necesario fortalecer todas aquellas
acciones que garanticen la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra,
además se requiere impulsar la asesoría jurídica y la representación en juicios
a los sujetos agrarios.
Procuración de
justicia agraria – Servicios
Indicador 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Conciliación y arbitraje 32,264 22,684 26,077 26,484 25,877 30,653
Asesoría jurídica y gestión
administrativa 31,051 15,798 39,062 60,113 61,058 78,845
Representación legal 7,866 11,335 14,966 24,108 30,949 34,283
Fuente:
Procuraduría Agraria
Diciembre de
2000
Los derechos de propiedad bien
definidos, son condición necesaria para la construcción del clima de
certidumbre para el desarrollo y el crecimiento económico en el medio rural.
Derivado de las modificaciones al marco jurídico agrario de 1992, se ha presentado
una demanda constante de servicios de asesoría y representación jurídica que el
Estado está obligado a prestar. Con base en lo anterior, se ha planteado:
¡Error!
Marcador no definido. Brindar
asesoría y representación legal de todos los sujetos agrarios que así lo
demanden;
¡Error! Marcador no
definido. Procurar la
intervención de las autoridades para la resolución de controversias en un
promedio de 10 mil asuntos anuales;
¡Error! Marcador no
definido. Intervenir a
favor de los sujetos agrarios, a través de la prestación de gestorías
administrativas, ante instituciones y dependencias de gobierno;
¡Error! Marcador no
definido. Privilegiar la
conciliación como vía de solución de las controversias agrarias;
¡Error! Marcador no
definido. Atender las
quejas y denuncias por incumplimiento de la Ley; y,
¡Error! Marcador no
definido. Prevenir y
denunciar desviaciones, a través de la emisión de recomendaciones a las
autoridades agrarias con motivo de violaciones a la legislación o a los
derechos agrarios.
C) Capacitación,
organización agraria y aprovechamiento del desarrollo urbano.
La capacitación debe conceptuarse como
un proceso continuo que representa el producto acabado de la educación y no
sólo debe incluir eventos de formación sobre los derechos y obligaciones de los
sujetos agrarios, sino también conocimientos para utilizar una tecnología
productiva; debe impulsar la preparación de ellos para insertarse en las redes
de comercialización -ahora casi siempre globales-, negociar en los mercados,
mejorar en capacidad de compra, reducir la intermediación, fomentar la
capitalización y ahorro y aprovechar las ventajas comparativas con que cuentan
los núcleos agrarios.
Una vez que los sujetos agrarios hayan
sido capacitados, su organización permitirá compactar superficies, generar
figuras y proyectos productivos sobre la base de la asociación con otros
productores, multiplicar su poder de negociación y de comercialización, así
como mejorar su posición en el mercado. Este esfuerzo no debe estar dirigido a
un tipo predeterminado de organización para la producción o el trabajo, sino
que deberá abarcar las diferentes formas de asociación que existen y enfocarse
a dotar a los individuos de la capacidad administrativa mínima para el éxito de
su organización.
La capacitación y la organización deben
ir encaminadas a utilizar las figuras asociativas establecidas en la
legislación, para que los sujetos agrarios se asocien con terceros y se sienten
a la mesa como dueños de la tierra, como hombres con experiencia en el
aprovechamiento de sus tierras, que conocen de qué manera se pueden utilizar
los recursos con que cuentan, a fin de no pasar a ser simples jornaleros de sus
propias tierras.
Actualmente, existen más de 26 mil
agrupaciones organizativo-productivas. Del total de sociedades rurales
registradas, alrededor del 78% ha sido constituido a partir de la vigencia de
la Ley Agraria.
Por otra parte, aprovechar
adecuadamente las tierras rústicas es una necesidad impostergable para el País.
La población crece a una tasa media anual de 1.7%, lo que significará que la
población para el año 2020 sea de aproximadamente 122 millones de personas y
que, si se mantienen las tendencias actuales, 27.7 millones vivan en
localidades con menos de 2,500 habitantes.
En los ejidos conurbados se presenta
una intensa presión sobre la tierra debido al crecimiento de grandes centros
urbanos, lo que ocasiona, entre otros problemas, venta ilegal de tierras,
conflictos agrarios, subutilización de los espacios y deterioro de los
recursos.
La Secretaría de Desarrollo Social
estima que se requieren 16,500 hectáreas anuales para el crecimiento urbano. La
aportación del suelo social es básica para el desarrollo urbano.
Sociedades
mercantiles
La actual legislación prevé figuras
como las sociedades mercantiles (inmobiliarias ejidales) para que los sujetos
agrarios aprovechen el crecimiento de las ciudades, sin que esto constituya un
freno para el desarrollo urbano, al tiempo que evitará que los beneficios sean
para los intermediarios que compran la tierra por hectárea y la venden por
lotes. De esta manera, se propiciará que los núcleos agrarios se beneficien de
la plusvalía de su tierra.
El Gobierno, a través de las
instituciones agrarias, deberá incentivar la constitución de sociedades
inmobiliarias ejidales, aprovechando el tránsito de la propiedad rural a la
urbana y contribuyendo al crecimiento ordenado de los centros de población.
D) Integración
productiva
Fondos
comunes
Al 31 de diciembre del 2000, FIFONAFE
administraba fondos comunes en Tesorería de Nacional Financiera, S. N. C., que
ascendían a 708.3 millones de pesos para un universo de 4,492 ejidos y
comunidades cuentahabientes que representan alrededor del 15% del total de
ejidos y comunidades.
El 65% de los recursos depositados
proviene de las indemnizaciones por expropiación de tierras, el 30% de
convenios de ocupación previa de tierras y un 5% del aprovechamiento de
recursos naturales.
Las indemnizaciones por expropiación de
tierras ejidales y comunales pendientes de pago, alcanzan la cifra de 690.7
millones de pesos. El 69.1% de este adeudo corresponde a los Gobiernos de los
Estados y a los Ayuntamientos, el 20.8% a la Comisión para la Regularización de
la Tenencia de la Tierra (CORETT) y el 10.1% restante a diversas dependencias
del Gobierno Federal.
Nuevas
alternativas para la integración productiva
La propiedad social a nivel nacional
cuenta con enormes recursos. De los cerca de 30 mil núcleos agrarios, un gran
porcentaje cuenta, al menos, con un recurso natural apto para ser aprovechado
económicamente. El potencial existente en los núcleos agrarios debe utilizarse
para generar esquemas de asociación entre sí o con terceros, para privilegiar
el que sean los habitantes del medio rural quienes aprovechen de manera
integral los recursos disponibles y mejoren el nivel de ingreso de sus familias.
E) Modernización
institucional
El
modelo actual de la Secretaría y el Sector que coordina
Este modelo es el resultado de
constantes transformaciones que se han gestado, desde el antecedente más remoto
de la actual Secretaría de la Reforma Agraria, mismo que es el Decreto del 1o.
de julio de 1910 y que adicionó la Dirección Agraria a la Secretaría de
Agricultura y Fomento.
Ahora bien, como consecuencia de las
reformas al artículo 27 constitucional, surgió una nueva institucionalidad
agraria, se acotaron las facultades de la Secretaría para estar acordes a la
nueva normatividad agraria y se puso especial énfasis en la obligación de poner
en estado de resolución los expedientes pendientes de resolver
administrativamente y turnarlos al Tribunal Superior Agrario; en la
inteligencia de que, la Secretaría mantuvo tareas permanentes de ordenamiento y
regularización, así como de aplicación de las normas en materia de colonias
agrícolas y ganaderas, terrenos nacionales, excedentes y expropiación de bienes
ejidales y comunales, entre otras. Se trasladaron las funciones cartográficas y
de medición al Registro Agrario Nacional, órgano desconcentrado de la
Secretaría de la Reforma Agraria. Se creó la Procuraduría Agraria, con el
carácter de organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio
propios.
En julio de 1995 se adecuó la
estructura orgánica de la Secretaría de la Reforma Agraria, habiéndose cambiado
la denominación de las Subsecretarías y la de algunas Direcciones Generales.
Asimismo, se suprimieron varias unidades administrativas, como las Direcciones
Generales de Procuración Social Agraria, de Organización Agraria, de Promoción
Agraria y Desarrollo Agrario.
Es importante señalar que el Sector se
redimensionó nuevamente en 1998, buscando la simplificación y agilización de
procedimientos y la utilización racional de los recursos disponibles. La
plantilla de personal del Sector se redujo en un 61%, circunstancia que pone de
manifiesto la productividad laboral y administrativa del mismo, pues con
elementos significativamente menores, se atiende al despacho de un volumen de
asuntos que cuantitativamente se mantiene estable y que cualitativamente es de
mayor complicación, pues se trata en muchos casos de los problemas no resueltos
en su momento por su complejidad intrínseca.
El proceso de consulta y de análisis
para definir la posición y situación actual de la Secretaría y del Sector que
coordina, así como para apoyar la reingeniería de ambos, permite concluir que
es necesario considerar en la óptica institucional, las siguientes cuestiones:
a. Respecto a las expectativas de la
población objetivo:
1. Atención con rostro humano;
2. Actuar de forma expedita en la resolución
de los problemas planteados;
3. Atención a peticiones e iniciativas locales;
y,
4. Apoyo económico, técnico y administrativo.
b. Respecto de la imagen que se tiene del
Sector:
1. Visión estratégica poco difundida;
2. Descrédito provocado por conductas de
ciertos servidores públicos;
3. Concentración y centralización de
funciones y atribuciones;
4. Complejidad de trámites;
5. Escasez de recursos para el funcionamiento
de las unidades administrativas;
6. Inadecuada coordinación intrasectorial e
intersectorial;
7. Carencia de sistemas tecnológicos
modernos; y,
8. Politización de los asuntos agrarios.
c. Respecto de la coordinación con las
Entidades Federativas:
1. Estructura territorial inadecuada; y,
2. Necesidad de consolidar el federalismo
dentro del Sector Agrario.
El Sector Agrario se encuentra muy
disminuido debido a las decisiones de gobiernos anteriores que buscaban su
redimensionamiento porque se pensaba que las tareas de ordenamiento y
regularización de la tierra, estaban por concluirse, perdiendo de vista la
naturaleza del juicio de amparo en materia agraria y el hecho de que los
asuntos complejos son los que quedan pendientes, entre éstos destacan los
conflictos ancestrales dentro de los propios núcleos agrarios, que impiden
acuerdos para concluir el ordenamiento y la regularización.
Los resultados implican la superación
de los retos que se traducen en un esfuerzo de modernización en los procesos,
estructuras, plataforma tecnológica y una nueva cultura de los servidores
públicos. Estas actividades requieren la Reestructura del Sector que se plantea
como una estrategia específica a realizar y que se describe en el capítulo
correspondiente.
El
modelo actual se puede resumir de la siguiente forma:
La tarea de otorgar seguridad jurídica
en la tenencia de la tierra, es una actividad de prioridad nacional, la que
guarda inclusive una estrecha vinculación con la seguridad nacional, entendida
en el sentido amplio y moderno del término.
No obstante esa situación, el Sector
Agrario tiene una estructura orgánica poco eficiente, con cargas de trabajo
excesivas para el personal de mando, situación que se agrava en las
representaciones territoriales. Los recursos presupuestales asignados son
insuficientes y su plataforma tecnológica es obsoleta. Todos estos aspectos
propician que la prestación de los servicios no reúna las condiciones de
eficiencia y oportunidad deseables para beneficio de los sujetos agrarios y que
existan, por otro lado, algunas evidencias de corrupción que desprestigian su
imagen institucional, mismas respecto de las cuales invariablemente se actúa en
los términos que la ley exige para su corrección.
La conclusión anterior revela que es
necesario prestar mayor atención al Sector; razón por la cual está planteado
llevar a cabo un proyecto de reingeniería para que su estructura sea moderna,
eficiente y congruente, siendo necesario de ya, detener el deterioro en que se
encuentra inmerso.
F) Participación
ciudadana
Acorde a la nueva visión del Gobierno
Federal, se han revisado los mecanismos de participación de la sociedad civil
con el objeto de lograr que las organizaciones, instituciones educativas y la
ciudadanía en general, encuentren los medios y los mecanismos adecuados y
expeditos para expresar sus opiniones y recomendaciones a la estructura de
mando del Sector.
Por otra parte, los titulares de las
Entidades del Sector y de sus estructuras de apoyo, deberán captar estas
recomendaciones y opiniones para que contribuyan a la definición, seguimiento y
evaluación de sus políticas y acciones.
4.-
EL DESAFIO DEL SECTOR
El Plan
Nacional de Desarrollo 2001-2006 sitúa al Sector Agrario, en el área de
Desarrollo Social y Humano. Las acciones que se plantean en este Programa
estarán encaminadas a contribuir, junto con las de otras dependencias y
entidades involucradas, a mejorar la calidad de vida de los ejidatarios,
comuneros, pequeños propietarios, avecindados, posesionarios, colonos y
jornaleros agrícolas, mediante estrategias que aseguren la satisfacción de sus
necesidades básicas, reduzcan las desigualdades extremas y desarrollen su
capacidad e iniciativa, promoviendo la unidad y solidaridad de los campesinos y
el cuidado y respeto por el medio ambiente y la recuperación de la confianza de
éstos en sus instituciones.
Estas acciones contribuirán a lograr la
visión de largo plazo que ha definido el Poder Ejecutivo a que la población
goce de una democracia plena, con altos niveles de bienestar, que ofrezca a sus
ciudadanos oportunidades de desarrollo humano integral y convivencia, basadas
en el respeto a la legalidad. El desarrollo será incluyente y en equilibrio con
el medio ambiente, México será una nación orgullosamente sustentada en sus
raíces, pluriétnica y multicultural, con un profundo sentido de unidad
nacional.
Consecuente con la visión del Gobierno
Federal, se plantea la siguiente:
Visión del Sector
Una población rural integrada al
desarrollo económico nacional e internacional, preparada para ejercer sus
derechos de propiedad sobre la tierra con plenitud, donde todos los sujetos
agrarios estén capacitados para organizarse, asociarse y aprovechar las
oportunidades que implica la certeza jurídica en el medio agrario, en un
ambiente de armonía y procuración de justicia pronta, con acceso permanente a
nuevas oportunidades de ingreso y bienestar acordes a las potencialidades
regionales, apoyados por instituciones agrarias modernas y actualizadas,
diseñadas para adecuarse a los requerimientos de la actualidad. Todo ello
garantizado con la ejecución de programas de ordenamiento territorial,
capacitación y organización agraria, desarrollo agrario integral y desarrollo
urbano ordenado, así como de acceso al financiamiento y a los mercados de
tierras.
El modelo que se persigue
El modelo actual de organización y
operación requiere ser revisado. El cumplimiento obligado, en su momento, de
las disposiciones de racionalidad y austeridad presupuestal, presionó a una
toma de decisiones que requieren de algunos ajustes conceptuales o de forma.
En forma especial, en el sector central
de la Secretaría y de sus Entidades es necesario agrupar funciones sustantivas
que se adscribieron a las áreas de apoyo, así como reasignar algunas
actividades en materia de capacitación y organización.
El modelo que se visualiza para la
Secretaría de la Reforma Agraria es el de una dependencia con equilibrio en sus
áreas sustantivas, con actividades bien definidas y sin duplicidad de
funciones, con servidores públicos que ofrezcan alta calidad y calidez en los
servicios al público y en la que todas sus actividades y procedimientos se
lleven a cabo con plena transparencia, para cumplir con las tareas que aún
quedan pendientes en el campo mexicano. Similares acciones deberán proponerse y
llevarse a cabo en las Entidades coordinadas.
Los
retos del Sector
Una Reforma Agraria Integral incorpora
en su proceso, la elaboración e impulso de políticas públicas que coadyuven en
el combate a los círculos viciosos de pobreza y marginación que existen en
nuestro País. No basta con haber repartido la tierra y otorgar seguridad
jurídica sobre la misma, también se deben generar las alternativas productivas
y de ingreso para mejorar el nivel de vida de los habitantes del agro mexicano.
Para concretar estas acciones será
necesario buscar la coordinación interinstitucional con las dependencias que
inciden en el medio rural y que manejan en sus presupuestos los recursos para
apoyar proyectos productivos, concretamente con las Secretarías de Agricultura,
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, de Desarrollo Social, de
Turismo y de Economía.
En los próximos seis años, se deberá
implementar un Programa con base en la coordinación de acciones
interinstitucionales, dirigido a los siguientes aspectos:
¡Error!
Marcador no definido. Incentivar
la asociación para la compactación de tierras en aproximadamente 3 mil núcleos
agrarios, a través del desarrollo de actividades productivas agrícolas y no
agrícolas en beneficio de casi 80 mil ejidatarios y comuneros;
¡Error! Marcador no
definido. Promover el
relevo generacional progresivo, a través de mecanismos de aseguramiento
económico o de sucesión legal;
¡Error! Marcador no
definido. Promover la
integración de proyectos productivos no agrícolas en áreas de baja rentabilidad
agropecuaria, disminuyendo así la presión social sobre la tierra en 10 regiones
prioritarias que abarcan 11 Entidades Federativas;
¡Error! Marcador no
definido. Atender mediante
programas interinstitucionales la diversa demanda de apoyos en 21 regiones prioritarias
del País, en donde se encuentran los grupos vulnerables y marginados; y,
¡Error! Marcador no
definido. Impulsar la
constitución de fondos comunes que sean administrados por FIFONAFE.
Otro de los aspectos fundamentales es
la modernización de las estructuras del Sector y realizar una revisión de
procesos, para eficientarlos y agilizarlos, evitando la duplicidad en el
desarrollo de los trabajos y eliminando pasos innecesarios. La concreción de
estos trabajos se enuncia a continuación:
En la Secretaría de la Reforma Agraria
se revisarán las actividades para identificar las áreas de mejora y los
lineamientos para reestructurar la Dependencia. El Registro Agrario Nacional se
consolidará como una entidad moderna que refuerce principalmente el área
catastral. La Procuraduría Agraria será reorientada para que retome las
funciones que le dieron origen. Finalmente, respecto del Fideicomiso Fondo
Nacionalde Fomento Ejidal se buscará que éste se consolide como una instancia que
impulse el desarrollodel medio rural.
Misión
Proporcionar certeza jurídica en la
tenencia de la tierra a la población objetivo, a través del impulso al
ordenamiento territorial y la regularización de la propiedad rural, así como
elaborar políticas públicas que fomenten el acceso a la justicia y el desarrollo
agrario integral, mediante la capacitación permanente y la organización de los
sujetos agrarios como entes fundamentales del primer eslabón del proceso
productivo nacional, para coadyuvar en las acciones sociales que propicien
bienestar en el medio rural, con el consecuente cuidado en la preservación del
medio ambiente y recursos naturales.
Principios y valores fundamentales
El Programa
Sectorial Agrario se sustenta en los principios que orientan la formulación
y ejecución del Plan Nacional de
Desarrollo 2001-2006, mismos que serán interpretados con un fuerte énfasis
en el valor ético, jurídico, político y social que subyace en cada uno de
ellos.
Para el efecto anterior, las acciones
del Sector Agrario se regirán por los siguientes lineamientos:
¡Error! Marcador no
definido. Acendrar los
valores tradicionales del campesino: familia, liderazgo basado en la
experiencia y el conocimiento, honestidad en el uso de la palabra, preservación
de los recursos naturales y respeto a las tradiciones;
¡Error! Marcador no
definido. Proponer
acciones para fortalecer el orgullo por las actividades rurales, a partir de la
certidumbre de que la vocación por estas actividades es susceptible de brindar
acceso a una mejor calidad de vida y reforzar la dignidad individual y
colectiva de los sujetos agrarios;
¡Error! Marcador no
definido. Propiciar la
integración de los núcleos agrarios para superar las divisiones internas que
impiden la resolución de conflictos ancestrales; y,
¡Error! Marcador no
definido. Proponer
acciones que recuperen la confianza en las instituciones del Sector.
5.-
OBJETIVOS, ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION
La política agraria y sus objetivos
La Secretaría de la Reforma Agraria
(SRA) y las Entidades que coordina tienen el rumbo bien definido respecto de la
forma de despachar las cuestiones públicas para atender los reclamos del medio
rural.
Las políticas públicas del Sector
Agrario están sustentadas en el artículo 27 constitucional y en su legislación
ordinaria, así como en el Plan Nacional
de Desarrollo 2001-2006, mismo que tiene carácter vinculante para la
Administración Pública Federal.
Para el cumplimiento de los
mandamientos del Plan Nacional de
Desarrollo 2001-2006:
La nueva política agraria vinculará la
administración y el control territorial para propiciar un equilibrio entre
población, territorio y medio ambiente;
La nueva política agraria será
sustentable y privilegiará el cumplimiento de los principios de: equidad
distributiva y de productividad y competitividad, respetando los recursos
naturales para preservarlos en beneficio de generaciones futuras;
La nueva política agraria reconocerá la
diversidad, en función de su respeto a los usos y costumbres de la población
indígena, a los nuevos liderazgos que emerjan en el campo y a las
características típicas de cada región;
La nueva política agraria alentará
nuevas modalidades de relación entre los sujetos agrarios y la tierra,
ampliando las estrategias que generen empleo y aumenten los ingresos
familiares;
La nueva política agraria se sustentará
en la formación del capital humano en el campo;
La nueva política agraria procurará una
justicia real y expedita, mediante servicios de asesoría, conciliación,
arbitraje o representación judicial que reúnan profesionalismo, actuar
expedito, objetividad y transparencia, en los términos gratuitos que la ley
previene;
La nueva política agraria será
flexible, diferenciada y focalizada para atender adecuadamente y en la
proporción que se requiera las necesidades y reclamos de cada región y de cada
segmento de los habitantes del campo; y,
La nueva política agraria buscará
descentralizar sus servicios para acercarlos al lugar de los hechos y mejorar
su oportunidad y objetividad.
Ordenamiento y
regularización de la propiedad rural
Objetivo I.- Ordenar y regularizar la Instrumentar
acciones concretas de ordenamiento y
propiedad
rural, otorgando seguridad regularización
de la propiedad rural, que brinden
jurídica
y certidumbre documental certeza
jurídica a los habitantes del medio rural, así
en
la tenencia de la tierra a los agentes como
sentar las bases para solucionar los conflictos
y
sujetos del sector rural, dando derivados
de la tenencia de la tierra, creando así
vigencia
al estado de derecho en condiciones
de paz y estabilidad social y, con ello,
México. incrementar
las posibilidades de inversión en el campo.
Procuración de justicia agraria
Objetivo II.- Disminuir la
incertidumbre Fortalecer
la procuración de justicia, apoyando y asesorando
y
fomentar la convivencia armónica a
los agentes y sujetos del sector rural para que ejerzan los
de
quienes habitan el campo mexicano, derechos
que la legislación les concede, además de lograr
para
lo cual se procurará justicia que
la conciliación sea el principal instrumento utilizado
agraria
rápida y expedita, privilegiando para
resolución de los conflictos relacionados con la tenencia
la
conciliación de intereses en la de
la tierra.
solución
de conflictos.
Capacitación, organización agraria y aprovechamiento del
desarrollo urbano
Objetivo III.- Capacitar y organizar a la Impulsar
programas integrales de capacitación y organización
población rural, para promover su de
los campesinos en todo el territorio nacional. Esto les
integración al desarrollo productivo del permitirá conocer y beneficiarse de los derechos que la ley
País, y propiciar que sus derechos de les concede respecto de la tenencia de la tierra, para
propiedad de la tierra, se traduzcan en desarrollar sus habilidades productivas, aprovechar los
un mejor nivel de vida. avances tecnológicos y usar
racionalmente sus recursos,
con
el propósito de elevar su nivel de vida y alcanzar su
integración
al desarrollo nacional.
Paralelamente,
mediante acciones de coordinación entre
los
tres niveles de gobierno, se apoyará a los agentes y
sujetos
del sector rural susceptibles de aportar tierras al
desarrollo
urbano nacional, con el fin de que sean los
principales
beneficiados de las enajenaciones
correspondientes.
Integración productiva
Objetivo IV.- Impulsar la integración Fomentar las condiciones para que los
habitantes del medio
productiva de los sujetos agrarios para agrario tengan acceso a los servicios que prestan las
crear nuevas y mejores posibilidades de instituciones financieras y crear alternativas productivas
que
ingreso y bienestar acordes con las signifiquen nuevas oportunidades de
ingreso, consolidando
potencialidades regionales. así el desarrollo agrario integral. Además, se atenderán los
acuerdos
agrarios en materia de organización y fomento.
A
través de la coordinación con otras dependencias que
manejan
Programas para apoyar las actividades
productivas
en el campo, el Sector Agrario, con
capacitación
y organización, desarrollará los enlaces con los
sujetos
agrarios para el mejor aprovechamiento de los
apoyos
que ofrece el Gobierno Federal. Se buscará que los
proyectos
potencien los recursos naturales de los núcleos
agrarios
para buscar nuevas alternativas de actividades
productivas.
Modernización institucional
Objetivo V.- Prevenir y abatir prácticas Instrumentar normas y procedimientos
dirigidos a prevenir la
de corrupción e impunidad e impulsar la discrecionalidad y el abuso de autoridad de los servidores
mejora de la calidad en la gestión pública. públicos en la prestación de los servicios bajo su
responsabilidad.
Asegurar a la ciudadanía certidumbre en
cuanto
a las actividades de las instituciones de gobierno, la
calidad
de sus servicios, un cambio de actitud del servidor
público,
garantizando su profesionalización y honestidad.
Impulsar
una mejora regulatoria interna en la administración
pública
federal que facilite la actividad gubernamental y
garantice
la aplicación de controles indispensables. Así
también,
establecer programas de mejora continua en los
procesos,
organización y desempeño de las instituciones y
de
los servidores públicos.
Establecer
los mecanismos y programas necesarios con las
dependencias
y entidades del Gobierno Federal y, en su caso,
con
las autoridades locales, con objeto de hacer esfuerzos
integrales
y coordinados para la transparencia y el combate
a
la corrupción.
Llevar
a cabo la Reestructura del Sector, con base en una
revisión
de los procesos y estructuras, para eficientar la
operación
de las instituciones, con el objeto de ofrecer la
atención
de calidad que merecen los sujetos agrarios.
Participación ciudadana
Objetivo VI.- Promover condiciones que Para
vigorizar la actividad social, política y económica en
alienten y favorezcan una participación nuestro País, se promoverá
una mayor participación
ciudadana intensa, responsable, ciudadana. En la aplicación del
principio de subsidiariedad,
comprometida, informada y crítica, en se abrirán nuevos espacios
a la acción social. Se buscará
torno a asuntos de interés público que dé contribuir a que los ciudadanos
tengan acceso a más
lugar a un gobierno de y para los información y dispongan de mayores
capacidades y destrezas
ciudadanos. de
manera que ello les faculte a participar en los asuntos
públicos con mayor intensidad y contribuya a que lo hagan
conforme a un sentido de corresponsabilidad y de
compromiso para con el interés público.
Se ampliarán las vías por medio de las cuales puede la
ciudadanía participar en la toma de decisiones
relacionadas
con el diseño, la ejecución, la supervisión y la
evaluación
de acciones de la administración pública federal. Se
reforzarán los canales de comunicación del Poder
Ejecutivo
Federal con la sociedad, incluidos los de la propia
oficina
de Presidencia. Se estimulará la energía social para
atender
problemas comunitarios y afrontar desafíos sociales con
sentido de servicio a las personas, a la comunidad y a la
nación. Se promoverá un marco legal y fiscal, una nueva
política de gasto público que fomente las actividades de
desarrollo social de las organizaciones civiles,
acompañados de esquemas de profesionalización.
Ordenamiento y regularización de la
propiedad rural
La regularización integral de la
propiedad rural, exige contar con información respecto de la propiedad privada.
Las instituciones del Sector requieren promover con los diferentes órdenes de
gobierno, el intercambio de información y definir esfuerzos coparticipativos en
un marco de amplia coordinación que respete los ámbitos competenciales de cada
uno de ellos.
Objetivo
I
Ordenar
y regularizar la propiedad rural, otorgando seguridad jurídica y certidumbre
documental en la tenencia de la tierra a los agentes y sujetos del sector
rural, dando vigencia al estado de derecho en México.
Estrategia
I.a. Otorgar seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, para contribuir al
desarrollo sustentable del campo mexicano.
Una vez concluido el reparto agrario, el
Gobierno Federal ha procurado garantizar un ambiente de certidumbre y seguridad
jurídica en la tenencia de la tierra ejidal, comunal y la pequeña propiedad.
La actual Administración considera
prioritario otorgar seguridad jurídica como una condición indispensable para el
desarrollo compartido y, con estas acciones de gobierno, lograr la confianza
para fomentar la inversión y el consiguiente desarrollo en beneficio de los
sujetos agrarios y sus familias.
En este sentido, especial atención se
prestará a Programas tales como: el Plan Puebla-Panamá, el Programa Nacional de
Atención a Zonas con Litorales, el Programa de Desarrollo de la Región Frontera
Norte, el Programa de Regularización de la Propiedad Fideicomitida en Chiapas y
aquellos otros que incidan de manera directa en las cuestiones de índole
agraria.
Línea de acción I.a.1. Promover en los
núcleos agrarios la regularización, certificación y titulación de sus derechos
sobre la tierra.
Con apoyo del Banco Mundial, el Sector Agrario realizó una
evaluación puntual sobre el impacto que el Programa de Certificación de
Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) ha tenido en el
medio rural, destacando que este Programa garantiza la seguridad en la tenencia
de la tierra, genera un impacto social porque reduce la incidencia de
conflictos en el campo y facilita el desarrollo del mercado de tierras. Con
base en lo anterior, al inicio de esta administración, se tomó la decisión de
consolidar este esfuerzo y continuar promoviéndolo en los núcleos agrarios que
no han sido certificados, aplicando una nueva metodología de trabajo para
enfrentar la problemática que haya impedido su regularización.
Se
proyecta que el PROCEDE considere a todos los ejidos y comunidades que accedan
voluntaria y operativamente al mismo; así como que también expida y haga
entrega de los documentos que avalen los derechos de los ejidatarios, comuneros
y posesionarios, conforme a los acuerdos de las asambleas de los propios
núcleos agrarios. El Registro Agrario Nacional es el responsable final de la
tarea referida.
- Promover en
los núcleos agrarios la certificación de sus derechos y apoyarlos en la
solución de sus conflictos por la vía conciliatoria.
La Procuraduría Agraria promueve ante los
núcleos agrarios la realización de asambleas de información y de anuencia, así
como la de delimitación, destino y asignación de tierras y la integración de
expedientes generales para su entrega al Registro Agrario Nacional (RAN).
De acuerdo a lo anterior, la Procuraduría
Agraria reforzará las tareas que garanticen la conclusión del Programa en la
presente Administración e implementará las acciones orientadas a la
regularización de las superficies en posesión de los núcleos agrarios, que no
están amparadas documentalmente, así como para brindar atención especial a los núcleos
agrarios que presenten alguna problemática especial que haya impedido su
certificación.
- Integrar
expedientes individuales en núcleos regularizados para la expedición de
documentos por el Registro Agrario Nacional.
Integrar los expedientes individuales de
los sujetos de derecho que pertenecen a los núcleos agrarios que ya concluyeron
el proceso de regularización y que por diversas causas no disponen de sus
certificados y títulos. Esta acción tendrá un avance importante con el apoyo de
los gobiernos estatales y municipales para la expedición de documentos que
acrediten la identificación de los sujetos agrarios.
Para el año 2006 la
meta será integrar 400,000 expedientes
individuales en núcleos ya regularizados para la expedición de certificados
y títulos por parte del RAN. La responsable del cumplimiento de esta meta será
la Procuraduría Agraria.
- Apoyar en las
acciones de certificación de derechos ejidales y titulación de solares urbanos
de los núcleos agrarios.
En la coordinación interinstitucional del
Sector Agrario y del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e
Informática, se apoyarán las acciones para que el Programa de Certificación de
Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE) atienda al mayor
número de ejidos y comunidades pendientes de certificar, de acuerdo a los
requisitos operativos para acceder y concluir el Programa. El reto es que los
29,942 núcleos agrarios existentes en el País se vean favorecidos con los
beneficios del mismo.
Para el final
de esta Administración, se pretende lograr un total de 7,855 núcleos certificados a través del PROCEDE. El responsable del
cumplimiento de esta meta será el Registro Agrario Nacional.
- Expedir y
hacer entrega de los documentos que avalen los derechos de los ejidatarios y
comuneros.
El propósito es otorgar la necesaria
seguridad jurídica y documental a los sujetos de derecho agrario, a través de
la expedición y entrega de los documentos que avalan sus derechos y los
acuerdos de sus asambleas en los procesos de regularización y certificación que
comprende el PROCEDE.
En la presente
Administración, se proyecta expedir 2,135,000 certificados y títulos. Esta meta
es responsabilidad del Registro Agrario Nacional.
Línea de acción I.a.2. Otorgar seguridad
jurídica en la tenencia de la tierra a los poseedores de terrenos baldíos o
nacionales, así como a los de lotes de colonias agrícolas y ganaderas.
El proceso de ordenamiento y regularización de la tenencia de
la tierra que realiza la Secretaría de la Reforma Agraria en este ámbito, a
través de la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural, traerá
consigo que los actuales poseedores se beneficien con la garantía que otorga el
Estado Mexicano, en tanto que se les brinda seguridad y protección jurídica,
reconociéndoles sus legítimos derechos sobre las tierras que detentan en forma
pública, pacífica y sin perjuicios a terceros, mediante la emisión del título
de propiedad correspondiente.
Cabe destacar que en este rubro, resultan
de singular importancia los programas de titulación social que se llevan a cabo
en zonas con altísima marginación y presencia indígena, asegurando
fundamentalmente, el patrimonio de estas familias campesinas.
De igual forma, el programa de
regularización de colonias agrícolas y ganaderas beneficia a aquellas personas
que antes no tenían la certeza y seguridad jurídica sobre su lote en la colonia
y que incluso a veces enfrentaban problemas por su posesión.
- Emitir
Resoluciones declaratorias de terrenos nacionales.
Implica incorporar los terrenos baldíos al
dominio privado de la Nación para regularizarlos por medio de la enajenación
onerosa a sus poseedores o solicitantes del servicio. Con este procedimiento se
trata de favorecer en mayor grado, las zonas que presentan muy alta marginación
y presencia indígena, por lo que se privilegia la emisión de declaratorias en
estas áreas.
La meta que se
pretende alcanzar en el periodo 2001-2006, es la emisión de 900 declaratorias de terrenos
nacionales. La responsable del cumplimiento de esta meta es la Subsecretaría de
Ordenamiento de la Propiedad Rural.
- Titulación y regularización de terrenos
nacionales.
Una vez incorporados los terrenos al
dominio de la Nación, la fase siguiente es otorgar seguridad y certeza jurídica
a los poseedores de terrenos nacionales, quienes en la mayoría de los casos,
han tenido la posesión desde hace varias generaciones y no cuentan con un
documento legalmente expedido por autoridad competente que ampare su propiedad.
La seguridad jurídica y certidumbre documental se otorga a través de la
enajenación del predio y de su posterior titulación.
Parte importante de los títulos de
propiedad de terrenos nacionales a emitir en el periodo 2001-2006, beneficiará
a nacionaleros-minifundistas residentes en las regiones con mayores índices de
marginación del País, a través del Programa de Titulación Social, mismo que se
considera prioritario dentro de la perspectiva de coadyuvar en el combate a la
pobreza que padecen esas zonas. Esto permitirá que familias de escasos recursos
aseguren su patrimonio sobre pequeñas extensiones de tierra.
La mayor cantidad de los títulos a emitir
dentro del Programa de Titulación Social, se expedirá a favor de grupos
residentes en municipios con alta concentración o con presencia indígena.
Para el 2006 la meta
acumulada es generar y entregar un total de 45,000
títulos de propiedad sobre terrenos nacionales. La responsable del
cumplimiento de esta meta es la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad
Rural.
- Regularizar colonias agrícolas y
ganaderas.
El proyecto consiste en otorgar
certidumbre documental y seguridad jurídica, a los colonos, causahabientes y
poseedores, según sea el caso, para que la referida certeza aumente las
posibilidades de mejorar su calidad de vida.
A medida que avance la gestión
gubernamental de la actual Administración, las metas a desahogar año con año en
el marco del Programa de Regularización de Colonias Agrícolas y Ganaderas, van
a la baja hasta culminar con las 368 que esta administración encontró como
carga de trabajo. Dicha inercia obedece al mayor grado de dificultad que
presenta el desahogo de las colonias cuya regularización está aún pendiente.
En virtud de que en la mayoría de los
casos aludidos, se ha optado por la subsistencia del régimen propio de las
colonias, se deben agotar en forma secuencial todas y cada una de las fases del
Programa de Regularización. Esta circunstancia implica ocupar muchos más
recursos y tiempo en cada una de ellas para integrar su expediente final. Las
referidas colonias son las que tienen mayor superficie y mayor número de lotes,
razón por la que el proceso de deslinde y medición de sus polígonos externos,
así como cada uno de sus lotes implica un mayor trabajo por colonia desahogada.
Igualmente, no pocas de las colonias que
restan por regularizar tienen conflictos internos o con terceros, los cuales se
transforman en obstáculos para integrar sus expedientes y culminar el proceso
de regularización.
Al finalizar la
gestión gubernamental, se habrán regularizado 368 colonias agrícolas y
ganaderas. La responsable del cumplimiento de esta meta es la Subsecretaría de
Ordenamiento de la Propiedad Rural.
Línea de acción I.a.3. Vigilar, denunciar
y desahogar los procedimientos para que no exista concentración ilegal de la
propiedad de tierra rústica.
Se
atenderán las denuncias de excedencias en la propiedad rural que se presenten,
lo cual significa dar seguimiento y vigilar que se respeten los límites máximos
de propiedad permitidos por la ley.
Con esto se evita el acaparamiento de
tierras al interior de los núcleos agrarios o por parte de sociedades
mercantiles o civiles y de la pequeña propiedad individual. A través de esta
línea de acción, se propiciará indirectamente la circulación productiva de la
tierra y se cumplirá con la legislación agraria en cuanto a los límites
establecidos para la propiedad rural.
- Desahogar
las denuncias de excedentes a los límites máximos permitidos por la ley y, en
el caso de la pequeña propiedad individual, remitir el expediente para la
resolución definitiva a los gobiernos estatales.
La Procuraduría Agraria realizará un
esfuerzo especial para atender las denuncias e investigar de oficio los
excedentes a los límites máximos permitidos por la Constitución de los Estados
Unidos Mexicanos a la pequeña propiedad individual y, en su caso, remitir el
expediente a las autoridades correspondientes de los gobiernos estatales para
que emitan la resolución a que haya lugar en los términos que las leyes
establezcan.
- Ubicación e
investigación de excedentes, en terrenos de propiedad ejidal y en sociedades
mercantiles o civiles propietarias de predios rústicos, así como emitir las
resoluciones correspondientes.
Dar cumplimiento a la fracción VII del
artículo 27 constitucional y al artículo 47 de la Ley Agraria, preceptos que prohíben expresamente al ejidatario ser titular de
derechos parcelarios sobre una extensión mayor que la equivalente al 5% de las
tierras ejidales.
La Secretaría se encuentra en condiciones de atender y
desahogar con la prontitud requerida el cien por ciento de los casos que se
denuncien.
La meta planteada
para la presente administración es de 600
resoluciones de excedentes de terrenos ejidales. La responsable del
cumplimiento de esta meta es la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad
Rural.
Línea de acción
I.a.4. Actualizar el inventario catastral de la propiedad rural.
El
Registro Agrario Nacional habrá de actualizar y ampliar la cobertura del
Catastro Rural, conceptuado como un inventario sistematizado de la propiedad
del campo en sus diversas modalidades, cuyo objetivo es lograr la adecuada
identificación y correlación de sus titulares, poseedores o usufructuarios,
mediante el archivo de la información a través de los instrumentos
informáticos, cartográficos y documentales idóneos para ese fin.
Para ello, se deberá aprovechar la
información cartográfica derivada de los procesos de ordenamiento de la
propiedad social que desarrolla el Sector, particularmente las mediciones
realizadas en el marco del PROCEDE y aquella que se obtenga con motivo de la
transferencia de medios magnéticos que la contengan y que se pacte con el
Instituto Nacional de Geografía, Estadística e Informática, así como la de los
trabajos técnicos topográficos y cartográficos que realice dicho organismo y la
que derive de cualquier otro procedimiento de levantamiento de información
sobre la tenencia de la tierra.
- Impulsar la conclusión de la
regularización de la propiedad rural.
Impulsar la conclusión de la regularización de la
propiedad rural, es una actividad prioritaria que debe ser apoyada en el ámbito
del fortalecimiento del federalismo. Al efecto, el Registro Agrario Nacional
promoverá el intercambio de información catastral con los gobiernos estatales,
para que ambos niveles de gobierno cuenten con elementos técnicos catastrales
para la identificación y ubicación de los predios rurales y la toma de
decisiones.
Para lograr lo
anterior, se buscará formalizar 32
convenios de intercambio de información catastral con las entidades
federativas. El responsable del cumplimiento de la meta es el Registro Agrario
Nacional.
- Ampliar la cobertura del catastro rural
de la propiedad social.
Ampliar y actualizar la cobertura de la
información catastral a cargo del Registro Agrario Nacional, es una importante
actividad que deberá de impulsarse a efecto de que ésta sea aprovechada de
manera óptima y se cumpla la responsabilidad de llevar el control de la
tenencia de la tierra de los núcleos agrarios y la de conformar una base de
datos actualizada que sirva para el diseño e instrumentación de políticas
públicas en beneficio del desarrollo agrario integral en el País.
En este rubro las
metas son: concluir la regularización de los 103.5 millones de hectáreas que
integran la propiedad social; contar con cobertura del 100% de la propiedad
social en el Catastro Rural Nacional; y, actualizar la información de 82
millones 800 mil hectáreas, a través de la información que se genere en el
PROCEDE. El responsable del cumplimiento de estas metas es el Registro Agrario
Nacional.
- Catalogar,
clasificar, sistematizar y conservar los acervos documentales del
ArchivoGeneral Agrario.
Para el debido resguardo y conservación de
sus acervos documentales y para la oportuna localización de los documentos que
sean materia de consulta, habrá de darse continuidad al proceso de
catalogación, clasificación y sistematización del acervo documental del Archivo
General Agrario que sustenta la historia de los procesos y acciones agrarias
que beneficiaron a los sujetos de derecho agrario.
Al final de la
Administración, se pretende lograr las siguientes metas: atender a 4.4 millones
de sujetos agrarios con motivo de inscripción, emisión de constancias y copias
certificadas; asimismo, se espera catalogar, clasificar y sistematizar 5,500
metros lineales de acervo documental. El responsable del cumplimiento de estas metas es el
Registro Agrario Nacional.
Estrategia
I.b. Preservar el estado de derecho.
Es un imperativo de la presente
Administración actuar en un marco de respeto a la legislación vigente y a la
división de poderes.
Línea de acción I.b.1. Atender y concluir
las tareas jurídicas y administrativas derivadas de la derogada Ley Federal de
Reforma Agraria.
Es
prioridad de la actual Administración concluir las tareas jurídicas y
administrativas pendientes en materia agraria, labor que estará a cargo de la
Secretaría de la Reforma Agraria, a través de la Subsecretaría de Ordenamiento
de la Propiedad Rural.
- Ejecutar Resoluciones Presidenciales.
La ejecución de Resoluciones
Presidenciales es una de las tareas de mayor complejidad que enfrenta la
Secretaría de la Reforma Agraria, en virtud de que se trata de mandamientos que
fueron dictados por el Presidente de la República con el carácter de máxima
autoridad agraria.
En el periodo del
2001 al 2006 y conforme a la carga de trabajo detectada a septiembre de 2001,
se espera ejecutar 172 resoluciones
presidenciales. La responsable del cumplimiento de esta meta es la
Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.
- Elaboración de planos definitivos.
El plano definitivo es un documento básico
para ejidos y comunidades, en función de ser la expresión gráfica de los
terrenos que ampara una Resolución Presidencial ya ejecutada y un documento de
carácter inmodificable.
Durante la gestión
que nos ocupa, se estudiarán y revisarán 522 expedientes para la elaboración de
los correspondientes planos definitivos. Sin embargo, esta meta podrá
incrementarse, entre otros factores, por el cumplimiento de determinaciones
jurisdiccionales. La responsable del cumplimiento de esta meta es la
Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.
Línea de acción I.b.2. Cumplir con
acuerdos o proveídos de los Tribunales Agrarios, o de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, así como desahogar los procedimientos judiciales.
La
Secretaría de la Reforma Agraria se encuentra obligada a atender los
requerimientos que le formulen los Tribunales Agrarios en los expedientes que
se encuentren en aptitud de dictar la resolución que corresponda, de las
diversas acciones agrarias a que se refiere la derogada Ley Federal de Reforma
Agraria.
Para cumplir con dichas tareas se requiere
de la participación del personal operativo y técnico de las Representaciones
Agrarias y de las Delegaciones del Registro Agrario Nacional en los Estados.
- Cumplimiento de acuerdos o proveídos de
los Tribunales Agrarios.
Este cumplimiento es una obligación
jurídica ineludible que consiste en instaurar, sustanciar e integrar
expedientes relativos a las diversas acciones agrarias contempladas en la
derogada Ley Federal de Reforma Agraria, en acatamiento a proveídos y acuerdos
de los Tribunales Agrarios, para ponerlos en estado de resolución y remitirlos
debidamente integrados a éstos, para que resuelvan en definitiva.
Esta tarea de coordinación es
prioritaria y de suma importancia para la presente Administración, a fin de
cumplir con todas las actividades administrativas que quedaron pendientes y que
deberán resolverse con base en la citada Ley.
En el lapso del 2001
al 2006, se desahogarán aproximadamente 500 acuerdos o proveídos de los
Tribunales Agrarios. La responsable del cumplimiento de esta meta es la
Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.
- Cumplir las ejecutorias del Poder
Judicial de la Federación.
En esta materia se ha dispuesto una
estrecha coordinación entre la Unidad Técnica Operativa, la Dirección Ejecutiva
para la Regularización de Predios e Indemnizaciones, la Dirección General de
Ordenamiento y Regularización y las Representaciones Agrarias en los Estados,
autoridades responsables ordenadoras o ejecutoras en los juicios de amparo,
para realizar de manera conjunta las acciones indispensables que permitan
acreditar el total cumplimiento de las ejecutorias que se dicten en los juicios
de amparo, evitando que se generen Incidentes de Inejecución y, para el
supuesto de que ello suceda, proveer lo necesario para que los mismos sean
declarados sin materia y no se apliquen las sanciones previstas por la fracción
XVI del artículo 107 constitucional.
Línea de acción I.b.3. Verificar que se
acredite la causa de utilidad pública y destino invocados en la solicitud de
expropiación.
La
expropiación de terrenos ejidales o comunales obedece a la necesidad de
satisfacer alguna de las necesidades de orden colectivo que limitativamente
señala la Ley Agraria. La adquisición de tierra de propiedad social por esta
vía, afecta al núcleo agrario que la sufre y, en consecuencia, la Constitución
Política del País y la Ley Agraria establecen un pago indemnizatorio por la
superficie segregada.
La tarea preventiva que se realiza en la
Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural de la Secretaría de la
Reforma Agraria, vela porque los procedimientos se sustancien de acuerdo a la
normatividad vigente con transparencia y equidad, verificando que esté
totalmente acreditada la causa de utilidad pública motivo de la solicitud de
expropiación.
- Elaboración de proyectos de decreto
expropiatorio.
Al inicio de la actual Administración,
existían en la SRA 1,067 expedientes de expropiación en trámite. La cifra antes
anotada, no puede tomarse como un universo absoluto e inmodificable, dado que
la dinámica histórica, indica que cada año se presentan, alrededor de 360
nuevas solicitudes.
Por otra parte, cabe aclarar que algunas
veces los promoventes de una expropiación no logran acreditar la causa de
utilidad pública invocada y que en otras, las solicitudes no prosperan porque
el dictamen técnico, el estudio de impacto ambiental o el dictamen de
factibilidad, realizados, en su orden, por la SEDESOL, la SEMARNAT y la
autoridad competente, es de carácter negativo.
Igualmente, debe considerarse que es
frecuente que el promovente de un procedimiento expropiatorio desista o
abandone el mismo, situación que también modifica a la baja el universo de
trabajo del que se está tratando.
Para todos los casos precedentes, la
Secretaría emite un Acuerdo de Cancelación y Archivo del correspondiente
expediente. Además, aproximadamente entre el 35 y el 40% de las nuevas
solicitudes presentadas, son devueltas a sus promoventes por deficiencias de
orden jurídico o porque carece de sustentabilidad la causa de utilidad pública
invocada.
En el periodo que
abarca este Programa Sectorial, se estima elaborar más de 1,200 proyectos de
decretos expropiatorios de propiedad social y llevar a cabo más de 400 acuerdos
de cancelación y archivo de expedientes de proyectos de decreto expropiatorio. La
responsable del cumplimiento de estas metas es la Subsecretaría de Ordenamiento
de la Propiedad Rural.
- Ejecución de decretos
expropiatorios que afectan tierras ejidales o comunales.
De
acuerdo con la legislación agraria vigente y el propio decreto expropiatorio,
el acto jurídico que substrae la tierra del régimen de propiedad ejidal o
comunal, según el caso, y que la incorpora al patrimonio del promovente
beneficiado con la expropiación, debe ser ejecutado por la Secretaría de la
Reforma Agraria, misma que, con anterioridad a la ejecución, debe verificar
invariablemente que se haya efectuado el pago indemnizatorio.
La ejecución del decreto consiste en la
entrega material de la tierra al beneficiario de la expropiación, previa
medición y deslinde de la superficie respectiva.
Del expediente de ejecución del decreto
expropiatorio, se derivan dos actividades que perfeccionan el acto jurídico de
ejecución y entrega de las tierras, a saber: elaboración del Plano Definitivo
de la superficie expropiada y de la Carpeta Básica que se entrega a la
promovente beneficiada, documentos de los que una copia se remite al RAN para
su registro y custodia.
Al concluir la gestión,
se estima ejecutar más de 750 decretos expropiatorios de propiedad social y
elaborar igual cifra de Planos Definitivos, así como preparar y entregar las
correspondientes Carpetas Básicas. La responsable del cumplimiento de estas
metas es la Subsecretaría de Ordenamiento de la Propiedad Rural.
Línea de acción I.b.4. Verificación del
cumplimiento de la causa de utilidad pública y ejercicio de la reversión.
Una de las actividades que le confiere
la Ley Agraria al Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE), es
la de verificar que los bienes expropiados a ejidos y comunidades, se hayan
destinado al fin señalado en el decreto expropiatorio. En tal virtud, una vez
transcurridos cinco años de la publicación del decreto de expropiación, se
llevan a cabo supervisiones para constatar en campo, el cumplimiento o
incumplimiento de la causa de utilidad pública.
Desde su constitución, en abril de 1959,
el FIFONAFE es el único titular de la acción de reversión de tierras; es decir
que, es el único facultado para ejercitar la acción de reversión de tierras
expropiadas ante los Tribunales Agrarios, reclamando su reversión total o
parcial, según corresponda, y se resuelva jurisdiccionalmente la incorporación
a su patrimonio de los bienes ejidales y comunales expropiados que se destinen
a un fin distinto al señalado en el decreto respectivo o cuando haya
transcurrido un plazo de cinco años y no se ha cumplido con la causa de
utilidad pública.
- Supervisar en campo el cumplimiento de
la causa de utilidad pública de los decretos expropiatorios.
Cuando culmine el
periodo 2001-2006, se espera haber supervisado aproximadamente 850 decretos
expropiatorios de tierras de propiedad social. El responsable del cumplimiento
de esta meta es el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal.
- Demandar la reversión de tierras cuando
se den las causales que marca la Ley Agraria.
Esta acción evita excesos en la promoción de
expropiaciones. Busca dar a los núcleos agrarios la certeza y garantía de que
al expropiarse sus tierras para un fin superior al uso actual, este fin
verdaderamente se cumpla, a sabiendas de que, en caso contrario, se revertirán
las tierras a favor del FIFONAFE o, en su caso, se reintegre la titularidad a
los núcleos agrarios afectados, de acuerdo a los supuestos que señala el
Reglamento de la Ley Agraria en Materia de Ordenamiento de la Propiedad.
El ejercicio de esta acción ha sido muy
importante, en la medida que ha apoyado el ordenamiento jurídico de diversos
proyectos de los diferentes Estados del País y que ha contribuido a que los
campesinos otorguen su confianza en el desarrollo de dichos proyectos, al
contar con la certeza de que sus tierras están contribuyendo verdaderamente a
los fines para los cuales se les expropió.
Procuración de justicia agraria
El avance en la regularización de los
derechos de propiedad rural, ha permitido la solución de un gran número de
controversias por la tenencia de la tierra. Los conflictos agrarios que hoy
prevalecen se refieren fundamentalmente a controversias por derechos
individuales y sólo alrededor del 20 por ciento de los asuntos que atiende la
Procuraduría Agraria por esta vía, son conflictos entre núcleos agrarios.
En el periodo 1992-2000, se registraron
343,021 conflictos en los que la mayoría se refería a la sucesión de derechos
parcelarios, la posesión de parcelas y solares o la elección de órganos de
representación y vigilancia.
Actualmente se encuentran en trámite
2,650 asuntos que se atienden por la vía conciliatoria y 17,707 en los que la
Procuraduría Agraria otorga representación legal ante los Tribunales Agrarios a
alguna de las partes. Del total de dichos procedimientos, 14,353 son juicios
agrarios y 7,350 jurisdicciones voluntarias.
Objetivo
II
Disminuir
la incertidumbre y fomentar la convivencia armónica de quienes habitan el campo
mexicano, para lo cual se procurará justicia agraria rápida y expedita,
privilegiando la conciliación de intereses en la solución de conflictos.
Estrategia
II.a. Promover la pronta, expedita y eficaz administración de la justicia
agraria.
Resulta imperativo mejorar la
credibilidad en el Estado para que pueda percibirse como un mediador honesto y
competente en la resolución de los conflictos. Esto implica velar por la
eficacia, eficiencia y transparencia del sistema jurídico, eliminar formas de
corrupción y garantizar que los segmentos más desprotegidos de la población
sean escuchados y atendidos. Para cumplir con esas condicionantes, la
Procuraduría Agraria buscará fortalecer todas aquellas acciones que garanticen
la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra y reforzará la asesoría
jurídica y representación en juicio a los sujetos agrarios.
Línea de acción II.a.1. Representar a los
campesinos ante las autoridades agrarias para la defensa eficaz de sus
derechos.
Esta actividad se refiere a la defensa
de los derechos de los sujetos agrarios que realiza la Institución ante los
órganos jurisdiccionales o administrativos. Sus componentes son el juicio agrario,
jurisdicción voluntaria, coadyuvancia ante los Tribunales, juicios de amparo
directo e indirecto, asuntos de rezago agrario, actividades administrativas y
recursos de revisión ante el Registro Agrario Nacional.
La población objetivo son los ejidatarios,
comuneros, sucesores de ambos, ejidos, comunidades, posesionarios, avecindados,
pequeños propietarios, colonos, poseedores de terrenos baldíos y nacionales,
jornaleros agrícolas, indígenas y campesinos en general. La Procuraduría
Agraria, previo análisis de los casos concretos, en ejercicio de sus
atribuciones:
- Denunciará la contradicción de tesis en
sentencias de los Tribunales Unitarios Agrarios; y,
- Promoverá la facultad de atracción por
parte del Tribunal Superior Agrario, en caso de asuntos de alto riesgo y la
excitativa de justicia, en caso de atraso en la emisión y ejecución de
sentencias.
Se aumentará la oferta de representación
legal a los sujetos agrarios y se vigilará el apego a los principios de
igualdad real de las partes, suplencia en la deficiencia de los planteamientos,
inmediatez y oralidad que rigen el proceso agrario.
Línea de acción
II.a.2. Brindar asesoría en materia agraria a los sujetos agrarios.
La asesoría jurídica y gestión
administrativa son atribuciones que ejerce la Procuraduría Agraria, como una
función permanente de servicio social. La asesoría jurídica atiende los
planteamientos que formulan los sujetos agrarios, con el propósito de que sus
relaciones entre sí o con terceros, se lleven a cabo bajo un marco de
legalidad, equidad y justicia, vigilando que se respeten los derechos otorgados
en su favor por la legislación agraria.
Asimismo, la asesoría que la Institución
presta incluye gestiones administrativas ante las diversas dependencias e
instituciones de los tres órdenes de gobierno, para la obtención de documentos
que acrediten derechos agrarios individuales o colectivos, apoyos
gubernamentales, requerimientos de infraestructura y equipo o para solicitar
información del estado de trámite de acciones ejercitadas.
Adicionalmente, se proporciona asesoría a cada sujeto
agrario que así lo solicite en la elaboración y depósito ante el RAN de su
lista de sucesores de derechos agrarios, conocida también como Testamento
Agrario. Dada la importancia que reviste esta actividad para las familias
campesinas, se ampliará la cobertura institucional para promover la adopción de
este instrumento.
Para el fin del
presente ejercicio gubernamental, se ha planteado llevar a cabo 330,000
acciones de asesoría jurídica y gestión administrativa; asimismo, serán
promovidas para su elaboración y depósito ante el RAN 600,000 listas de
sucesión. La responsable del cumplimiento de estas metas es la Procuraduría
Agraria.
Línea de acción
II.a.3. Atender las inconformidades que presenten los sujetos agrarios por
presuntas violaciones a sus derechos.
La Procuraduría Agraria desarrollará un
programa permanente de vigilancia del cumplimiento de la ley que comprende,
entre otras acciones, la atención de las quejas que presenten los sujetos
agrarios por acciones, omisiones o excesos atribuidos a autoridades o
servidores públicos de los tres órdenes de gobierno, así como las denuncias
contra los órganos de representación y de vigilancia de los núcleos agrarios, o
bien de terceros, por presuntas violaciones a la legislación agraria.
En este sentido, se
estima concluir aproximadamente 5,500 asuntos de quejas y denuncias durante la
presente administración. La responsable del cumplimiento de esta meta es la
Procuraduría Agraria.
Línea de acción II.a.4. Privilegiar la conciliación de
intereses en las controversias relacionadas con la normatividad agraria.
la Procuraduría Agraria participará en
la solución de controversias agrarias mediante la conciliación y el arbitraje,
proporcionando, cuando así se le solicite, los servicios periciales que sirvan
de apoyo para la solución de las mismas.
Para ello, se encargará de promover las
acciones de conciliación de intereses entre los sujetos agrarios, como vía
preferente en los casos que se relacionen con la normatividad agraria; de
desahogar el proceso arbitral cuando las partes no lleguen a un avenimiento y
designen como árbitro a la institución; y, de prestar los servicios periciales,
llevando a cabo los trabajos técnicos y estudios para formular opiniones o
dictámenes que le sean requeridos.
En relación con esta
línea de acción, se pretende que al terminar el sexenio, se concluyan
aproximadamente 130,000 asuntos de conciliación, arbitraje y servicios
periciales. La responsable del cumplimiento de esta meta es la Procuraduría
Agraria.
Capacitación, organización agraria y
aprovechamiento del desarrollo urbano
La capacitación es una herramienta
fundamental para promover el desarrollo individual y colectivo de toda
sociedad. Resulta imperativo llevar a cabo esta labor en el campo mexicano,
pues es allí donde se concentran los mayores índices de marginación y pobreza,
los cuales pueden ser superados promoviendo acciones tendientes a la formación
del individuo y brindándole los mecanismos necesarios para que ejerzan a
plenitud sus derechos.
Objetivo III
Capacitar y organizar a la población
rural, para promover su integración al desarrollo productivo del país, y
propiciar que sus derechos de propiedad de la tierra, se traduzcan en un mejor
nivel de vida.
Estrategia III.a. Impulsar programas
integrales de capacitación y organización a los campesinos en todo el
territorio nacional.
Impulsar programas de capacitación y
organización de los sujetos agrarios a lo largo del territorio nacional que les
permitan conocer y beneficiarse de los derechos que la ley les concede respecto
de la tenencia de la tierra, para desarrollar sus habilidades productivas,
favoreciéndose de los avances tecnológicos y explotando racionalmente sus
recursos, con el propósito de elevar su nivel de vida e incorporarse al
desarrollo nacional.
Línea de acción III.a.1. Impartir el
conocimiento de la legislación agraria.
La Procuraduría Agraria, con el objeto
de lograr el desarrollo integral de ejidos, comunidades y de sus integrantes,
lleva a cabo la capacitación de los sujetos agrarios en el conocimiento de sus
derechos en la materia, así como los procedimientos para ejercerlos.
Ofrecer una capacitación con calidad a
todos los titulares de la tierra y sus familias, se constituye en actividad
sustantiva; ya que, esta cuestión se encuentra fuertemente correlacionada con
el acceso al empleo y el combate a la pobreza. Una mayor inversión en la
formación del capital humano, a través de la capacitación, mejorará las
condiciones de vida de los ejidatarios y comuneros. Asimismo, se orienta a los
sujetos agrarios acerca del aprovechamiento, cuidado y conservación de los recursos
naturales.
Además, se orientará a los sujetos
agrarios en las diversas regiones del País, sobre el grave problema que
presenta la siembra de enervantes en los núcleos agrarios y las consecuencias
que esto acarrea.
- Capacitar a sujetos agrarios.
En este rubro, la
meta sexenal será lograr la capacitación de 2.4 millones de personas. La
responsable del cumplimiento de esta meta es la Procuraduría Agraria.
- Otorgar
becas a hijos de campesinos.
Congruente con la idea de arraigar a los hombres del
campo en su entorno natural, a través de la apertura de alternativas viables e
inmediatas, una de las modalidades de la capacitación que emprende la
Procuraduría Agraria, es el otorgamiento de becas a hijos de campesinos para
que puedan fungir como agentes de enlace entre los núcleos agrarios y la
Procuraduría Agraria y propiciar la autogestión de las demandas de su núcleo o
las de sus integrantes, así como la búsqueda de sus propias alternativas de
solución.
Línea de acción III.a.2. Promover la
organización de los sujetos agrarios.
Los productores rurales deben lograr una
economía diferenciada con variedad de estrategias para la generación de
ingresos familiares. En forma coordinada, las instituciones del Sector Agrario
trabajarán con los propietarios de la tierra para ampliar las actividades
agropecuarias y aprovechar los recursos con los que cuentan para explorar otras
actividades económicas.
- Promover
la organización de los sujetos agrarios y el aprovechamiento racional y
sustentable de los recursos que poseen.
La Procuraduría Agraria, en observancia a la Ley Agraria,
promueve en los ejidos y comunidades, la implementación de instrumentos que
regulen las bases generales de su organización económica y social. Esta institución
brinda asesoría en la elaboración del Reglamento Interno de los ejidos o del
Estatuto Comunal, en la actualización de los órganos de representación y de
vigilancia, en la implementación de los libros de registro de titularidad de
derechos y los de contabilidad y administración.
Adicionalmente, la Procuraduría Agraria
fomenta la organización en los núcleos agrarios para la utilización de esquemas
de aprovechamiento sobre los recursos que poseen, tales como la celebración de
contratos y convenios, la constitución y consolidación de figuras asociativas
tendientes a la realización de actividades productivas entre los sujetos
agrarios y la asignación de parcelas con destino específico previstas en la Ley
Agraria.
Al concluir el
presente sexenio, se esperan lograr las siguientes metas: elaborar o actualizar
aproximadamente 13,000 Reglamentos Internos o Estatutos Comunales; intervenir
en la actualización de cerca de 37,000 órganos de representación y vigilancia;
apoyar en la constitución o consolidación de aproximadamente 6,000 figuras
asociativas; y, asesorar la celebración de cerca de 7,000 convenios y contratos
para el aprovechamiento de las tierras de los núcleos agrarios. La responsable
del cumplimiento de estas metas es la Procuraduría Agraria.
- Atender
a grupos vulnerables del medio rural.
Acercar los servicios que brindan las
instituciones del Sector Agrario a los grupos más desprotegidos que habitan en
el campo, tales como indígenas y habitantes de micro-regiones de alta
marginación, para que mediante la aplicación de los programas
interinstitucionales y la orientación de otros programas federales, se les
brinde mayores oportunidades para su desarrollo individual y colectivo.
Estrategia
III.b. Apoyar a los campesinos para que sean los principales beneficiados de la
aportación de sus tierras al desarrollo urbano nacional.
El crecimiento de las zonas urbanas del
País en las últimas décadas ha sido desmedido, lo cual en muchas ocasiones ha
perjudicado el correcto desarrollo de la zona rural. El Sector Agrario, bajo
una estrategia de carácter interinstitucional, pretende que este crecimiento se
realice bajo el principio del desarrollo sustentable y al cual se incorporen,
con los beneficios que trae consigo, los sujetos agrarios que pueden aportar
sus tierras para la zona urbana. De acuerdo a las estadísticas de SEDESOL, el
requerimiento de suelo para responder al crecimiento esperado de las ciudades
del País durante el periodo 2001-2006 será de 95 mil hectáreas. De esta
cantidad, se estima que, al menos, el 65% sea de origen ejidal o comunal.
Línea de acción III.b.1. Promover el
desarrollo de los mercados de tierra y contribuir al desarrollo urbano.
Se dirigirán los esfuerzos
institucionales de las entidades del Sector responsables hacia la consolidación
de los diferentes esquemas de aportación de tierras para el desarrollo urbano,
a fin de procurar el mayor beneficio de los sujetos agrarios. Para ello se
instrumentarán los mecanismos de sensibilización, capacitación y organización
que resulten idóneos y que estén dirigidos a los sujetos agrarios, propietarios
de tierras de origen social inmersas en el crecimiento de las ciudades
consideradas en los programas de desarrollo urbano.
El propósito es que la tierra a
desincorporar, se ajuste a los marcos normativos establecidos que permitan
conjugar acciones institucionales de los tres órdenes de gobierno y el sector
privado. Para este efecto, se revisarán los procedimientos operativos que prevé
la legislación vigente y los mecanismos de negociación, a fin de lograr
esquemas asociativos funcionales en los que los dueños de las tierras, reciban
un beneficio equitativo al valor de su aportación.
- Incorporar hectáreas de suelo social al
desarrollo urbano.
La meta es incorporar
62,000 hectáreas de suelo social al desarrollo urbano. La responsable del
cumplimiento de esta meta es la Procuraduría Agraria.
Línea de acción
III.b.2. Otorgar apoyos financieros para constituir sociedades mercantiles con
fines inmobiliarios, turísticos o industriales.
Al amparo de la Ley Agraria, los núcleos
agrarios pueden constituir sociedades mercantiles de orden inmobiliario,
evitando que las utilidades por el fraccionamiento de esas tierras, sean para
los intermediarios. El Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal busca
incentivar la constitución de sociedades mercantiles con fines inmobiliarios,
turísticos o industriales, para que la propiedad rural transite de manera legal
a propiedad urbana, contribuyendo al crecimiento ordenado de las ciudades y en
forma tal que conlleve un beneficio económico a los propietarios de la tierra
social que se desincorpora de sus usos típicos.
- Financiar a los núcleos agrarios o a
grupos de ejidatarios con dominio pleno para que constituyan sus sociedades
mercantiles inmobiliarias.
Se apoya financieramente a los núcleos
agrarios y a los grupos de campesinos para la constitución de sociedades
mercantiles inmobiliarias, proporcionando, además, auxilio y asesoría
necesarios para la conformación de este tipo de sociedades.
Con este fin, se
espera financiar al término de la presente gestión, a 60 sociedades
mercantiles. El responsable del cumplimiento de esta meta es el Fideicomiso
Fondo Nacional de Fomento Ejidal.
Integración
productiva
Para superar la pobreza y marginación en
el campo; detener el éxodo de los jóvenes campesinos y contrarrestar la falta
de oportunidades de desarrollo, se requiere la seguridad en la tenencia de la
tierra, la capacitación y organización, así como el ofrecimiento de los medios
financieros y técnicos que permitan aprovechar las potencialidades de los
recursos con que cuentan los núcleos agrarios y buscar y operar nuevas
alternativas productivas.
Objetivo IV
Impulsar la integración productiva de
los sujetos agrarios para crear nuevas y mejores posibilidades de ingreso y
bienestar acordes con las potencialidades regionales.
Estrategia IV.a. Atender los acuerdos
agrarios en materia de organización y fomento.
la atención a los Acuerdos Agrarios de organización
y fomento, será parte de una política que pretende cumplir los compromisos
previamente establecidos en esta materia por el Gobierno Federal.
Los grupos que cuenten con folios
vigentes y que presenten proyectos productivos viables, sustentables y con
rentabilidad para los beneficiarios y sus familias, serán apoyados mediante
esquemas de financiamiento directo, con el fin de detonar un esquema de
producción-rentabilidad que les permita incorporarse, con opciones de
proyección exitosa, al desarrollo nacional.
Línea de acción IV.a.1. Concluir los
acuerdos agrarios en materia de organización y fomento.
Con el fin de cumplir los Acuerdos
Agrarios, signados con organizaciones y grupos agrarios, se apoyará a estos
últimos para la integración de empresas sociales, a través del financiamiento
de proyectos productivos.
Con este financiamiento se busca impulsar
la integración productiva de los sujetos agrarios no-posesionarios que no han
sido beneficiados por algún otro programa federal.
En la presente
Administración, se espera concluir el financiamiento de los 672 folios
pendientes de los Acuerdos Agrarios de organización y fomento. La responsable
del cumplimiento de esta meta es la Subsecretaría de Política Sectorial.
Estrategia IV.b. Apoyar la generación
de actividades productivas en el medio rural.
Uno de los retos del nuevo Gobierno es
superar los graves índices de pobreza y marginación del medio rural y avanzar
en el desarrollo con la integración de empresas sociales, a través del
financiamiento de proyectos productivos. Para el efecto, se iniciará un
programa tendiente a generar proyectos
susceptibles de ser apoyados. A través y mediante una labor de coordinación interinstitucional,
se buscará la inclusión de los mismos en los programas de financiamiento de
otras dependencias del Gobierno Federal.
Línea de acción IV.b.1. Promover entre
los campesinos los apoyos que el Gobierno Federal canaliza al medio rural.
Con el fin de promover de manera
concertada y accesible al usuario, los apoyos destinados al desarrollo social,
humano y económico de los núcleos agrarios, se trabajará intersecretarialmente
para establecer una ventanilla única en el Sector, donde los sujetos agrarios
puedan informarse y tramitar los apoyos que en materia de proyectos productivos
el Gobierno Federal haya programado en las diferentes Secretarías de Estado.
Los proyectos no tan sólo se orientarán a
la producción agrícola y ganadera, sino también a la forestal, turística y
ecoturística, cinegética, maquiladora y otras que, dados los recursos naturales
y humanos que poseen los núcleos rurales, puedan satisfacer sus necesidades de
desarrollo.
Línea de acción
IV.b.2. Fomentar el apoyo de la iniciativa privada en el desarrollo de los
proyectos productivos orientados a los núcleos agrarios.
Se fomentarán mecanismos donde los
proyectos productivos agrarios puedan fondearse con inversiones del sector
privado, apoyados en la organización de los sujetos agrarios y en la
explotación sustentable de los recursos de que disponen, ampliando las
posibilidades más allá de las exclusivamente agrícolas o ganaderas.
Línea de acción IV.b.3. Apoyar la
organización de sujetos agrarios para la generación de proyectos productivos.
Los programas que tradicionalmente se
han instrumentado, consideran a los destinatarios como receptores pasivos de un
subsidio; sin embargo, el sentido social y humano del actual gobierno, tiene
como principio apoyar la organización como un medio para la formación de
agentes activos, capaces de salir de su marginación y convertirse en sujetos
agrarios promotores del desarrollo rural.
Para tal efecto, con el apoyo
intersectorial, se promoverá la formación de sociedades rurales, en las que las
familias campesinas, puedan sumar esfuerzos para mejorar su poder adquisitivo,
sus actividades de comercialización e industrialización básica de sus
productos, e incluso la formación de cajas solidarias que les permitan el
ahorro y la capitalización. Este programa debe buscar el acompañamiento de los
proyectos, desde su planeación hasta su maduración productiva.
- Captar y entregar a los núcleos agrarios
cuentahabientes sus fondos comunes.
Uno de los objetivos de la creación del
Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal (FIFONAFE) es la captación, manejo
y entrega de recursos de los fondos comunes que se originan con motivo del pago
de las indemnizaciones por expropiación de tierras ejidales y comunales; de las
contraprestaciones pactadas en los convenios de ocupación previa o temporal que
suscriben los núcleos agrarios; y, de las aportaciones derivadas del
aprovechamiento de recursos naturales.
La entrega de los fondos comunes a los
ejidos y comunidades, se hace siempre respetando la voluntad que manifiesten
sus respectivas asambleas; por lo que, considerando que el 2.1% de los núcleos
agrarios cuentahabientes dispone del 83.7% de los recursos y que el restante
97.9% dispone de tan sólo el 16.3% de los fondos, es necesario propiciar que
otras fuentes de recursos se sumen a los que ya disponen, a efecto de concretar
proyectos productivos que les generen ingresos y empleo.
En este sentido, al
finalizar esta Administración se espera haber captado 927 millones de pesos de
fondos comunes. El responsable del cumplimiento de esta meta es el Fideicomiso
Fondo Nacional de Fomento Ejidal.
- Vigilar que se paguen oportunamente las
indemnizaciones por expropiaciones y los fondos comunes.
El FIFONAFE ejecuta permanentemente gestiones de
promoción para que los núcleos agrarios dispongan de sus indemnizaciones y de
sus fondos comunes de manera inmediata y los puedan invertir en los proyectos,
productivos o sociales, que determinen sus asambleas.
Además de auxiliar a los núcleos agrarios
en la integración del expediente para el retiro de los fondos comunes, se
realizan las recomendaciones necesarias a los núcleos agrarios, para que los
fondos comunes se destinen a actividades productivas o beneficio social, una
vez determinada su viabilidad técnica y económica.
Así, al concluir la
presente Administración, se espera autorizar la entrega de 1,031 millones de
pesos. El responsable del cumplimiento de esta meta es el Fideicomiso Fondo
Nacional de Fomento Ejidal.
Línea de acción
IV.b.4. Promover que la sociedad civil y las organizaciones campesinas sean
agentes eficientes de servicios para que los sujetos agrarios se incorporen al
desarrollo nacional.
Los servicios que prestan la Dependencia
y las entidades del Sector serán más eficientes y llegarán de manera más
directa al destinatario, si son, tanto la sociedad civil como las propias
organizaciones campesinas que están cerca de la problemática, las que coadyuven
a proveerlos, lo cual propiciaría mayor agilidad en el proceso y la máxima
concreción del servicio en los núcleos agrarios. Un esfuerzo importante es el
que se dará a la formación de las organizaciones de la sociedad civil, para que
sean agentes promotores del desarrollo de los núcleos productores.
Modernización institucional
Las instituciones del Sector reflejan
desactualización en los procesos, carencia de una estructura operativa y
funcional y de una plataforma tecnológica moderna, como lo demandan los tiempos
actuales, asimismo, requieren superar prácticas burocráticas y actitudes al
margen de las normas jurídicas que rigen su actuación.
Objetivo V
Prevenir y abatir prácticas de
corrupción e impunidad e impulsar la mejora de la calidad en la gestión
pública.
Estrategia V.a. Reestructurar al Sector
de acuerdo a los nuevos retos.
Elaborar los estudios del Sector que
permitan su modernización y actualización y pueda así cumplir con los objetivos
y compromisos que la ley le asigna, dando término a las tareas inconclusas de
ordenamiento y regularización de la tenencia de la tierra e impulsando el
desarrollo productivo de los núcleos agrarios a través de la capacitación y
organización, apoyándose en los programas de desarrollo instrumentados para ese
efecto por el Gobierno Federal.
El proceso de reingeniería será el
instrumento que insertará al Sector Agrario en los nuevos esquemas que la
modernidad y la globalidad están demandando: calidad, eficiencia, veracidad,
credibilidad y competencia, entre otros factores de ese orden.
Las actividades fundamentales que se
requieren para el cumplimiento de los objetivos planteados, consideran:
planear, coordinar, controlar y evaluar el funcionamiento de las áreas
operativas de cada una de las instituciones del Sector Agrario.
Línea de acción V.a.1. Reingeniería de
procesos en el Sector Agrario.
Se requiere realizar un proceso de
reingeniería que busque por medio de la innovación de los procesos, el
cumplimiento del mandato legal de una manera eficiente.
Esta reingeniería o diseño requerirá de la
formación de un grupo especializado que instruya y dirija el proceso, de tal
manera que todo el Sector participe en el esfuerzo, aportando las innovaciones
necesarias para concluir con nuevas etapas, eliminando aquellas duplicidades
que se presenten de manera interna, así como las que existan con otras
dependencias del Gobierno Federal y otros órdenes de gobierno, buscando, en
este caso, la coordinación y la eficiencia en los resultados.
En el marco de las acciones de mejora
regulatoria, el Sector Agrario realizará una revisión exhaustiva con el fin de
identificar aquellas situaciones donde se puede mejorar, simplificar o,
incluso, eliminar la existencia de un trámite o procedimiento que constituya
una carga regulatoria carente de sentido para el particular y que no aporte
mayor cosa a la realización de los valores de seguridad y justicia.
La mejora regulatoria al interior del
Sector pretende disminuir los trámites, aumentando los avisos, resoluciones
electrónicas y, de ser posible, incluso considerar la afirmativa ficta. Con
esto se logrará otorgar servicios de forma más eficiente, sencilla y honesta.
Para desarrollar esta actividad se deberá revisar la reglamentación respectiva,
siguiendo los lineamientos propuestos por la Comisión Federal de Mejora
Regulatoria (COFEMER).
- Transformar y
fortalecer al Registro Agrario Nacional para que se constituya en una entidad
pública que, además de sus funciones registrales inherentes, se especialice y
modernice en materia catastral y de uso del suelo.
En el esquema de reingeniería del Sector,
se buscará que el Registro Agrario Nacional se constituya en una institución
que promueva y contribuya en el ámbito nacional a la estandarización de los
sistemas catastrales, tanto de la Federación como de los Estados y Municipios.
Tomando como modelo el Catastro Rural a su cargo, se proyecta adicionarle
información más amplia, como los atributos de la tierra, su uso potencial y
vocación del suelo.
Un diagnóstico preliminar, hoy nos indica
que la ejecución de este proyecto, al pretenderse una reforma estructural,
implicaría promover modificaciones normativas, a efecto de proyectar la
creación de un organismo nacional de políticas de suelo, registro y catastro de
la propiedad rural que administre, reúna y procese para consulta pública e
inmediata la información registral, catastral, geográfica, cartográfica y demás
que sea relevante respecto de todos los predios rústicos del País, mediante
convenios de coordinación que se celebren con las dependencias y entidades de
los tres niveles de gobierno o de colaboración con organizaciones privadas y
sociales.
Para lograr lo anterior, se hace necesario
que el Registro Agrario Nacional modernice, actualice y amplíe la cobertura del
Catastro de la Propiedad Social Rural, incorporándole la información respecto
de los predios rústicos de propiedad privada.
En este sentido el RAN, en apoyo a la
coordinación federal, impulsará y propondrá la suscripción de convenios de
coordinación con las instancias gubernamentales que, con motivo de sus
atribuciones, cuenten con información catastral, ecológica, del uso del suelo,
vías de comunicación, litorales, zona federal marítimo-terrestre o corrientes
fluviales, por ejemplo.
Es necesario hacer notar que, la ejecución
de este proyecto requiere habilitar a este órgano desconcentrado con los
equipos y programas informáticos necesarios para tal efecto, lo que demanda una
inversión adicional a los presupuestos autorizados, así como estudiar la
pertinencia del cambio de su situación jurídica para convertirle en un
organismo público descentralizado.
Como parte de los trabajos para
transformar y fortalecer al RAN, se plantean dos programas adicionales:
- Programa Nacional de Modernización del
Archivo General Agrario (AGA).
Es importante señalar que para llevar a
cabo este Programa, se requieren recursos adicionales, los que serán invertidos
en el diseño, equipamiento informático, digitalización de la documentación,
convenios con instituciones especializadas y acondicionamiento de espacios
físicos, entre otros conceptos. Esta inversión se justifica en razón de las
siguientes consideraciones:
El acervo documental a resguardo del
Registro Agrario Nacional, asciende a 30,000 metros lineales, distribuidos
15,000 de ellos en las oficinas centrales y 15,000, en las unidades de control
documental en las Delegaciones del Registro Agrario Nacional en los Estados y
el Distrito Federal.
Este acervo requiere ser aprovechado
óptimamente no sólo por el Sector Agrario en función de sus atribuciones o por
los sujetos de derecho agrario para la consulta del origen de sus derechos y
defensa de los mismos, sino también por el público en general, investigadores,
estudiosos e interesados en el tema agrario y por las dependencias y entidades
del Sector Público que requieran de información para la toma de decisiones y el
diseño de políticas de Estado.
En la actualidad, el AGA da servicio
aproximadamente a 12,000 usuarios por mes. Con la visión de modernización que
se proyecta, se pretende tener una capacidad de atención para un total de 20 a
25 mil usuarios y contrarrestar el manejo discrecional del acervo documental
por los propios servidores públicos o usuarios, situación que puede perjudicar
la custodia del acervo o propiciar actos de corrupción.
- Programa Sistema de Gestión de la
Calidad y Desarrollo Humano en el Registro Agrario Nacional.
El propósito es desplegar los recursos del
Registro Agrario Nacional para alcanzar su visión de futuro, centrada en
otorgar un valor superior al solicitante de los servicios que proporciona,
mediante la capacitación, administración y mejora de procesos, a fin de obtener
la certificación ISO 9001:2000 en los 24 servicios de mayor demanda.
Para su instrumentación, este
Programa requiere de la asignación de recursos adicionales a los presupuestados
actualmente.
- Fortalecer
la actuación de la Procuraduría Agraria en sus atribuciones de conciliación de
intereses y la representación de los sujetos agrarios, así como en la asesoría
y capacitación sobre sus derechos y los procedimientos para ejercerlos.
El principio de cambio obliga a la
institución a reforzar mecanismos internos que mejoren la prestación de los
servicios y capacidad de respuesta a las expectativas de los sujetos agrarios
para promover y mantener vigente la seguridad en la tenencia de la tierra.
La Procuraduría Agraria centrará su
trabajo en la defensa de los derechos de los sujetos agrarios, en la
regularización de los ejidos y comunidades y la consolidación de la
organización agraria. El logro de esos objetivos requiere que la Institución
ejerza su misión mediante la conciliación de intereses, la representación ante
los órganos jurisdiccionales, la gestoría administrativa, la asesoría para la
organización interna de los núcleos agrarios y para la celebración de contratos
y convenios para el aprovechamiento de las tierras de los sujetos agrarios, así
como la capacitación y la promoción del ordenamiento de la propiedad rural.
Los servicios de la Procuraduría Agraria
se prestarán en el lugar donde se originan las demandas, serán expeditos,
transparentes y oportunos, de tal manera que, por medio de la innovación
administrativa y tecnológica, éstos sean de excelencia para beneficio de los
sujetos agrarios.
- Impulsar la operación del FIFONAFE como
una instancia de desarrollo ejidal y social.
Dados los buenos resultados que ha
obtenido el Fideicomiso Fondo Nacional de Fomento Ejidal, se considera
conveniente ampliar su objeto a un trabajo más extenso en el fomento del
desarrollo de los núcleos agrarios, por medio de programas que sean fondeados
con el patrimonio del propio Fideicomiso y, de esta manera, se pueda dar
cumplimiento a su función de fomento y se contribuya al desarrollo rural
mexicano.
Complementariamente a otros programas
federales, se otorgará financiamiento productivo a grupos de mujeres indígenas
que tengan el carácter de sujetos de derecho agrario, a través de créditos del
Programa de Financiamiento a Proyectos Productivos de Mujeres Indígenas
Campesinas, lo cual les permitirá desarrollar sus habilidades y aptitudes y
generar empleo e ingresos familiares, apoyando así los esfuerzos femeninos de
incorporación a actividades productivas y combatir las conductas
discriminatorias en su contra.
Asimismo, el Sector Agrario se propone
atender por primera vez como Gobierno Federal, al segmento de jóvenes de la
población campesina, a través del Programa de Fomento de Actividades Productivas para los
Jóvenes Campesinos, proporcionando créditos a proyectos productivos para
impulsar la creatividad y el ímpetu de los jóvenes, su arraigo en sus
comunidades, la generación de empleo, la capacitación con nuevas tecnologías y
formas de organización.
Adicionalmente
a los recursos que se destinen a estos Programas, se buscarán otros de fundaciones
o instancias nacionales o internacionales, así como de diversas agencias de
desarrollo internacional. Dichos fondos se aplicarán de manera revolvente para
proyectos productivos, en beneficio de sujetos del medio rural.
En este orden de
ideas, se plantea como meta al concluir este Gobierno, haber otorgado 50
millones de pesos para el financiamiento de proyectos productivos a grupos de
mujeres indígenas campesinas, así como 50 millones de pesos adicionales, para
financiar a grupos de jóvenes campesinos en actividades de la misma naturaleza.
El responsable del cumplimiento de estas metas es el Fideicomiso Fondo Nacional
de Fomento Ejidal.
Línea de acción V.a.2. Generar y aplicar acciones de
transparencia y combate a la corrupción dentro del Sector Agrario.
El Gobierno Federal tiene el compromiso
de garantizar la transparencia en su gestión y en el ejercicio de sus recursos,
así como atender con oportunidad a los ciudadanos, con mecanismos claros y
sencillos, además de prevenir y combatir con acciones concretas las conductas
que lesionen los intereses de los ciudadanos o el patrimonio de la nación.
Con este propósito, la Secretaría de la
Reforma Agraria y las demás entidades del Sector, participan a través de
compromisos concretos para mejorar los servicios que se brindan a los
campesinos, con la finalidad de otorgarlos con plena transparencia.
Para el logro de este propósito, se
deberán cumplir con las disposiciones normativas generadas por las dependencias
globalizadoras para dar cumplimiento al Acuerdo por el que se crea la Comisión
para la Transparencia y Combate a la Corrupción, así como al Acuerdo de
Productividad, Ahorro, Transparencia y Desregulación Presupuestaria en la
Administración Pública Federal.
Estrategia V.b. Fomentar una nueva
cultura en el servidor público del Sector.
El servidor público del Sector
desarrollará sus funciones sustentado en los postulados, criterios y normas
básicas asentados en el Plan Nacional de
Desarrollo 2001-2006. En su actuación como servidor público, acatará las
disposiciones constitucionales, legales y administrativas, así como los
convenios y las decisiones jurisdiccionales y será particularmente respetuoso
de los derechos humanos.
Línea de acción V.b.1. Difundir una nueva
cultura de servicio en el personal del Sector Agrario.
Una cultura que en su práctica genere el
orgullo de ser un servidor público, responsable de tareas siempre orientadas al
ciudadano y en función de su demanda; que proyecte una imagen de servicio,
transparencia y eficiencia en el trabajo, así como lealtad a la institución y
al proyecto de nación; que aliente la disposición hacia el fortalecimiento de
los conocimientos técnico-administrativos, así como al desarrollo de
habilidades y el mejoramiento de actitudes; y que, a través de la
profesionalización del servicio, garantice un óptimo desempeño en las
actividades y funciones asignadas.
El modelo que se propone hacia el interior
del Sector, es esencialmente un modelo de innovación, el cual se centra en
recuperar la confianza de los ciudadanos en el Gobierno, así como transformar
las instituciones del Sector en forma tal que contribuyan de mejor manera a
lograr los resultados planeados en materia agraria.
Estrategia
V.c. Mayor interacción con otras dependencias federales y estatales.
Uno de los propósitos del actual
Gobierno es alcanzar una mayor eficacia en los programas que desarrollan todas
las dependencias, evitando duplicidades, falta de coordinación y pocos beneficios
para los ciudadanos.
En consecuencia, una estrategia
fundamental del Sector es lograr convenios con otras dependencias del Gobierno
Federal que pudiesen tener programas, fondos y recursos aplicables a los
sujetos agrarios, así como apoyar a las Oficinas Especiales de Presidencia que
operan transversalmente y a los programas intersecretariales del Gobierno
Federal que requieren la participación del Sector Agrario.
Este trabajo contribuirá a evitar
duplicidades y descoordinaciones entre los Programas que desarrollan las
diferentes Secretarías.
Línea de acción V.c.1. Coordinación y
apoyo a oficinas especiales de Presidencia de la República.
Una parte importante de la innovación
que el presente Gobierno está llevando a cabo, es dar atención especial a
grupos sociales que durante décadas han estado excluidos, de manera muy
especial los indígenas, buscando que transiten de su condición de pobreza y
exclusión, a una de progreso, bienestar y mejores condiciones de vida. El Sector
apoya decididamente, en el marco de su
competencia, los trabajos que desarrollan las Oficinas de Atención
Especial de la Presidencia de la República.
Línea de acción V.c.2. Coordinación y
apoyo a Programas Intersectoriales.
En el Capítulo VI PROGRAMAS, se
relacionan los diversos órdenes en los que el Sector participa. En los de
carácter intersectorial, se relacionan los de atención especial, los nacionales
y los regionales. La Secretaría de la Reforma Agraria, a través de la
Subsecretaría de Política Sectorial, coordinará las acciones de las entidades
del Sector para que, en forma participativa, coadyuven a la consecución de las
metas y objetivos de dichos Programas.
Línea de acción V.c.3. Mejorar la
coordinación con otros órdenes de gobierno, mediante la transformación de la
estructura territorial del Sector Agrario.
Como resultado de la Reingeniería del
Sector, se revisará la estructura funcional y operativa de las Representaciones
y Delegaciones del Sector; se fortalecerán los procesos de planeación y
coordinación sectorial a nivel estatal y se promoverá una relación de
colaboración respetuosa con el Gobierno de cada Estado y con las autoridades de
los municipios.
Estrategia
V.d. Mejorar la calidad y disponibilidad de información del Sector.
El seguimiento y evaluación del Programa
Sectorial Agrario requiere información de calidad acorde a cada etapa de su
desarrollo. En tal sentido, se hará un esfuerzo para reunir de manera ordenada
y en forma clara toda la información del Sector que se vaya generando, con el
propósito de ponerla a disposición de quienes desempeñan funciones en la
Administración Pública, quienes ejecutan labores de investigación o quienes
ejercen el derecho como ciudadanos a estar bien informados. La información es
una de las herramientas que cualquier País debe emplear para su desarrollo y,
en consecuencia, se debe disponer de ella para el correcto desarrollo del medio
rural.
Línea de acción V.d.1. Desarrollar e
instrumentar un nuevo Sistema de Información Agraria Sectorial.
En apego a los programas e-México y
e-Gobierno, promovidos por la Oficina de Innovación y Calidad de la Presidencia
de la República, se desarrollará un Sistema de Información Agraria Sectorial
para satisfacer las necesidades de información global, permitiendo la consulta
de datos relevantes para el mejor aprovechamiento de los recursos y proveer
elementos suficientes en la toma de decisiones. Este sistema integrará
información actualizada de la actividad agraria y se conformará por módulos de
información, en donde se incorporarán diferentes variables agrarias con
distintos niveles de detalle.
- Integrar
el sistema de “tablero de mando” para el seguimiento de programas e indicadores
del Sector.
Para un mejor seguimiento de los Programas
del Sector, tanto para los efectos de transparencia, como de operación de los
mismos, se desarrollará un sistema, en el que se pueda conocer el avance de los
programas y el impacto que están teniendo en la población objetivo, con la
finalidad de darles seguimiento en todo momento y facilitar su control.
Participación ciudadana
Ofrecer los canales expeditos para la
expresión de las necesidades y demandas de los sujetos agrarios, así como
proporcionar a la ciudadanía en general la información sobre las actividades
del Sector, se transforman en retos a lograr en la actual gestión.
Objetivo VI
Promover condiciones que alienten y
favorezcan una participación ciudadana intensa, responsable, comprometida,
informada y crítica en torno a asuntos de interés público que dé lugar a un
gobierno de y para los ciudadanos.
Estrategia VI.a. Desarrollar un esquema
continuo y participativo que permita captar las necesidades e iniciativas de la
sociedad con respecto al medio agrario.
Se ampliarán las vías por medio de las
cuales pueda la ciudadanía participar en la toma de decisiones relacionadas con
el diseño, la ejecución, la supervisión y la evaluación de acciones del Sector
Agrario. Se reforzarán los canales de comunicación con la sociedad y se
estimulará la energía social para atender problemas comunitarios y afrontar
desafíos sociales con sentido de servicio a las personas, a la comunidad y a la
Nación.
Línea de acción VI.a.1. Atender y dar
seguimiento a las recomendaciones y sugerencias captadas de la participación
ciudadana.
La cultura política agraria que requiere
el sistema democrático tiene que desterrar las actitudes autoritarias, el
paternalismo, la omnipresencia del Estado y el clientelismo. Se deben promover
prácticas que ejerciten al ciudadano en la deliberación pública de los asuntos
que lo afectan e inducirlo para que participe en la definición, ejecución y
evaluación de las políticas sectoriales. Los mecanismos que se instrumentarán,
serán:
ü Incluyentes
Que participe gente con diversos puntos
de vista, con un afán de dialogar y llegar a puntos comunes, sobre los cuales
construir una relación que vaya dando frutos en los propósitos comunes y que
respete y procure entender las diferencias.
ü Amplios
Que aborden la problemática agraria,
abarcando todos los temas fundamentales sobre los que trabaja el Sector.
ü Constructivos
Que se traduzcan en recomendaciones
prácticas y en alianzas para el proyecto común que es México. Para alcanzar
este propósito conviene tener una agenda de temas básicos, dejando flexibilidad
para la inclusión de temas coyunturales.
ü Críticos
Que fomente un ambiente de reflexión y
crítica que facilite la corrección de rumbo y la inclusión de nuevos enfoques.
ü Representativos
Que incorporen realmente los intereses
de los diversos actores afectados por nuestra actividad y no den lugar a sesgos
que inclinen al conjunto de participantes hacia intereses particulares. Estos
se deben entender como una muestra de la sociedad, no de grupos de interés.
Línea de acción
VI.a.2. Instrumentar un esquema de comunicación social del Sector.
Para ofrecer información oportuna y
actualizada del Sector, se llevará a cabo una labor de difusión permanente
entre los sujetos agrarios, la población rural y la de todo el País, sobre las
acciones realizadas por la Dependencia y Entidades del Sector Agrario,
identificando los beneficios logrados y los puntos de mejora y buscando la
retroalimentación sobre estos temas.
- Difundir
las acciones del Sector entre la población en general y, en particular, con los
sujetos agrarios.
Es fundamental, como nota distintiva de la
política del actual Gobierno, mantener una comunicación efectiva con la
sociedad. En tal sentido, se realizará una difusión equilibrada de los
esfuerzos desplegados, así como de los resultados y alcances de cada línea de
acción comprometida. Lo anterior, con la finalidad que el beneficiario o interesado
pueda evaluar de manera fundada el desempeño de la Dependencia y entidades del
Sector.
Para estos fines, se pondrá especial
énfasis en la utilización de la radio, como el medio de comunicación que llega
de manera sencilla, instantánea y prácticamente sin costo para el usuario a
todos los rincones del País. Adicionalmente, se aprovecharán los canales
tradicionales de atención y comunicación que existan en las Representaciones
Agrarias.
- Implementar módulos de consulta internet
Se pretende integrar módulos de consulta
internet, con equipo de cómputo conectado en red, en las oficinas de las
Representaciones Estatales de la Secretaría, orientados principalmente a la
consulta de la información agraria pertinente sobre los servicios que se
prestan y, de ser posible, respecto del estado de los trámites que los
particulares hayan iniciado.
6.-
PROGRAMAS.
Se presentan a continuación los
Programas y las estrategias que permitirán concretarlos. Se dividen en dos
grandes clasificaciones, Programas Institucionales y Programas
Intersectoriales, lo cual facilita una rápida identificación de las actividades
que realiza el Sector Agrario y de aquéllas en las que participa como parte del
Ejecutivo Federal.
Programas Institucionales
A)
De continuidad
Programa de
Certificación de Derechos y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE). – Estrategia I.a.
Programa
de Colonias Agrícolas y Ganaderas. –
Estrategia I.a.
Programa
de Terrenos Nacionales. – Estrategia I.a.
Programa para la Regularización de la
Propiedad Fideicomitida en Chiapas. – Estrategia
I.a.; I.b.
Supervisión de Decretos y Reversión de
Tierras. – Estrategia I.b.
Programa de Justicia Agraria – Estrategia II.a.
Programa de Organización Agraria – Estrategia III.a.
Programa de Capacitación (a sujetos
agrarios) – Estrategia III.a.
Programa de Incorporación de Suelo
Social al Desarrollo Urbano (PISO) –
Estrategia III.b.
Fondo para el Apoyo a los Proyectos
Productivos de las Organizaciones Agrarias (FAPPA) – Estrategia IV.a.
Captación y Entrega de Fondos Comunes. – Estrategia IV.b.
Programa
de Capacitación Institucional. –
Estrategia V.b.
Programa
de Capacitación Intensiva en Materia de Ordenamiento y Regularización de la
Propiedad Rural. – Estrategia V.b.
B)
Innovación
No requieren recursos adicionales
Reconversión
de Núcleos Agrarios de Atención Especial para su Certificación. – Estrategia I.a.
Regularización
de Excedencias de Tierras en Ejidos Certificados. – Estrategia I.a.
Programa
de Conciliación para la Paz Social en el Estado de Oaxaca. – Estrategia I.a.
Programa
de Atención a Municipios con Población Indígena. –
Estrategias I.a.; I.b.; II.a.; III.a; IV.b.
Reingeniería
del Sector – Estrategia V.a.
Programa
de Financiamiento a Proyectos Productivos de Mujeres Indígenas Campesinas. –
Estrategia V.a.
Programa
de Fomento de
Actividades Productivas para los Jóvenes Campesinos. – Estrategia V.a.
Programa
de Módulos Itinerantes de Atención Regional. – Estrategia
VI.a.
Requieren recursos adicionales
Programa Nacional para la Conciliación
Agraria. – Estrategia II.a.
Programa de Atención a Jornaleros
Agrícolas. – Estrategia II.a.
Programa
Hereda (levantamiento masivo de listas de sucesión). – Estrategia III.a.
Fondo para el Desarrollo Agrario. – Estrategia III.b.
Empresas Rurales en Desarrollo. – Estrategia IV.b.
Programa
Nacional de Modernización del Catastro Rural de la Propiedad Social y Privada. – Estrategia V.a.
Programa Nacional de Modernización del
Archivo General Agrario – Estrategia V.a.
Sistema de Gestión de la Calidad y
Desarrollo Humano en el Registro Agrario Nacional – Estrategia V.a.
Programa
de Certificación de Calidad ISO 9000:2000 e ISO 9001:2000 en la Dirección
General de Ordenamiento y Regularización.
– Estrategia V.a.
Programa de Rehabilitación del
Data-Center. – Estrategia V.d.
Programas
Intersectoriales
A)
Federales
Programa
de Mejora Regulatoria. – Estrategia V.a.
Programa
de Reducción de Gasto y Generación de Ingresos Adicionales. – Estrategia V.a.
Programa
de Transparencia y Combate a la Corrupción. – Estrategia
V.a.
Programa
de Ahorro de Energía. – Estrategia V.a.
Programa
de Uso Eficiente del Agua. – Estrategia V.a.
Programa
Nacional de Combate a la Corrupción y Fomento a la Transparencia y Desarrollo
Administrativo. – Estrategias V.a.; V.b.
Programa
para un Auténtico Federalismo. – Estrategia V.c.
Programa
de Participación Ciudadana. – Estrategia VI.a.
B)
Nacionales
Programa
Nacional de Combate a las Drogas. – Estrategias I.a.; III.a.
Programa
Nacional de Medio Ambiente y Recursos Naturales. – Estrategias
I.a.; III.a.
Programa
Nacional de Turismo. – Estrategias I.a.; III.b.; IV.b.
Programa
Nacional de Desarrollo Social, Superación de la Pobreza. – Estrategias I.a.; IV.b.
Programa
Nacional de Desarrollo Urbano y Ordenación del Territorio. – Estrategias I.a.; IV.b.
Programa
de Desarrollo Rural Integral 2001-2001. – Estrategias
IV.a.; IV.b.
C)
Regionales
Plan
Puebla-Panamá. – Estrategias I.a.; I.b.;
V.c.
Programa
de Desarrollo Región Norte. – Estrategias
I.a; I.b.; V.c.
Programa
Nacional de Atención a Zonas con Litorales. – Estrategias I.a; I.b.; III.b.; V.c.
D)
De atención especial
Programa
Nacional para el Desarrollo de lo Pueblos Indígenas. – Estrategias I.a; I.b.; II.a.; III.a.; IV.b.; V.c.
Programa
Nacional de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres. –
Estrategias II.a.; III.a.; V.a.; V.b.
7.-
ANEXOS
Información
general
Ejido promedio
Nivel de vida en la propiedad social
Conflictividad agraria
Ordenamiento
y regularización de la propiedad rural
Resoluciones Presidenciales (documentos
entregados)
Resoluciones Presidenciales (campesinos
beneficiados)
Ejecutorias cumplidas del Poder
Judicial de la Federación
Decretos expropiatorios de propiedad
social
Resoluciones declarativas de terrenos
baldíos como nacionales
Superficie regularizada por
resoluciones de terrenos nacionales
Títulos emitidos de terrenos nacionales
Colonias agrícolas y ganaderas
regularizadas
Resoluciones por excedentes de tierras
de propiedad social
Programa
de Certificación de Derechos Ejidales y Titulación de Solares Urbanos (PROCEDE)
Núcleos agrarios incorporados al
programa PROCEDE por parte de la Procuraduría Agraria
Núcleos agrarios certificados por el
Registro Agrario Nacional
Certificados de derechos individuales
expedidos por PROCEDE
Superficie regularizada por PROCEDE
(miles de hectáreas)
Familias beneficiadas por PROCEDE
Núcleos agrarios regularizados sobre el
total de núcleos agrarios existentes
Superficie regularizada acumulada
(millones de hectáreas)
Avances acumulados de PROCEDE de 1993 a
agosto de 2001
Procuración
de justicia agraria
Asesoría jurídica y gestión
administrativa otorgada a los campesinos
Asuntos concluidos de conciliación,
arbitraje y servicios periciales
Representación legal de sujetos
agrarios en juicios
Capacitación,
organización agraria y aprovechamiento del desarrollo urbano
Sujetos agrarios capacitados
Becas de capacitación otorgadas a hijos
de campesinos
Parcelas con destino específico
constituidas
Asesoría otorgada en la elaboración de
libros de registro de titularidad de derechos
Asesoría otorgada en la elaboración o
actualización del reglamento interno de los ejidos y comunidades
Asesoría otorgada en la elaboración de
libros de contabilidad y administración
Asesoría otorgada para la celebración
de convenios y contratos para el aprovechamiento de las tierras de los núcleos
agrarios
Figuras asociativas constituidas en el
medio rural
Suelo Social incorporado al desarrollo
urbano
Integración
productiva
Autorización y entrega de fondos
comunes FIFONAFE
Captación de fondos comunes FIFONAFE
Proyectos productivos financiados para
acuerdos de organización y fomento
Correlación histórica de los fondos
comunes y los núcleos agrarios cuentahabientes
Comportamiento del destino de la
inversión con fondos comunes
Adeudos de indemnizaciones-fondos
comunes
EJIDO PROMEDIO
SUJETOS
AGRARIOS
CONCEPTO NUMERO PORCENTAJES
Ejidatarios 82 63.1
Posesionarios 15 11.5
Avecindados 33 25.4
Total 130 100
Fuente: Elaborado por la Dirección General de Estudios y
Publicaciones de la Procuraduría Agraria con datos del RAN al 15 de enero de
2001.
EDAD
PROMEDIO DE LOS SUJETOS AGRARIOS
CONCEPTO MASCULINO FEMENINO
Ejidatarios 53 57
Posesionarios 44 48
Avecindados 42 45
Fuente: Elaborado por la Dirección General de Estudios y
Publicaciones de la Procuraduría Agraria con datos del RAN al 15 de enero de
2001.
DESTINO
DE LAS TIERRAS DEL EJIDO
CONCEPTO HECTAREAS %
Parcelada 698.1 30.2
Uso Común 1,565.40 67.8
Destino Específico 35.6 1.5
Solares 10.4 0.5
Total 2309.5 100
Fuente: Elaborado por la Dirección General de Estudios y
Publicaciones de la Procuraduría Agraria con datos del RAN al 15 de enero de
2001.
PROMEDIOS
POR TIPO DE SUPERFICIE
CONCEPTO EJIDATARIOS POSESIONARIOS
Superficie parcelada por sujeto (ha) 9.5 3.3
Uso común por sujeto (ha) 29 13
Hectáreas por parcela 4.7 2.2
Parcelas por sujeto 2 1.5
Parcelas por ejido 150.8 23.6
Fuente: Elaborado por la Dirección General de Estudios y
Publicaciones de la Procuraduría Agraria con datos del RAN al 15 de enero de
2001.
PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONOMICAS
CONCEPTO SUJETOS %
Agricultura 53 55.1
Empleados temporales 10 10.1
Ganadería 6 6
Oficios o empresarios 6 5.8
Otras 11 10.9
Sin actividad 12 12.1
97 100
Fuente: Elaborado por la Dirección General de Estudios y
Publicaciones de la Procuraduría Agraria condatos del texto "Tratos
agrarios en ejidos certificados", Procuraduría Agraria.
CALIDAD
DE LAS TIERRAS EJIDALES
CONCEPTO Uso
Común Uso Común Parcelada
(ha) (%) (%)
Riego o humedad 42.3 2.7 26
Temporal 313.1 20 56.5
Agostadero de buena calidad 361.6 23.1 7.8
Agostadero de terrenos áridos 815.6 52.1 6.9
Infraestructura y otros 32.9 2.1 2.8
Total 1565.5 100 100
Fuente: Elaborado por la Dirección General de Estudios y
Publicaciones de la Procuraduría Agraria con datos del INEGI 1992-1999
NIVEL DE VIDA EN LA PROPIEDAD SOCIAL
Información proporcionada por la
Dirección General de Información Agraria, Febrero de 2001
Servicios
disponibles en las viviendas particulares habitadas en el Sector Social
Servicios Número
de Viviendas %
Agua Entubada 1’150,000 46
Drenaje 412,500 16.5
Energía Eléctrica 1’647,500 65.9
Techos de Lámina de Cartón 440,000 17.6
Pisos de Tierra 1’250,000 50
Dos cuartos o menos 1’475,000 59
Total 2’500,000
Información proporcionada por la
Dirección General de Información Agraria, Febrero de 2001.
CONFLICTIVIDAD AGRARIA (PERIODO
1992-2000)
Información proporcionada por la
Dirección General de Información Agraria, Febrero de 2001.
Total
de Conflictos 343,021
1. Conflictos Individuales 247,327
(72.1%)
CONFLICTOS INDIVIDUALES
Posesión de una parcela 36%
Sucesión de derechos ejidales y
comunales 27%
Posesión de solares 14%
Otros 23%
2. Derechos de Núcleos de Población 36,470
(10.63%)
DERECHOS DE
NUCLEOS DE POBLACION
Límites entre ejidos 38
%
Límites con terrenos dePropietarios privados 23 %
Límites de terrenos de comunidad 9 %
Restitución de tierras, bosques y aguas 8 %
Otros 22%
3. Sujetos Agrarios y Organos del
Núcleo Agrario 39,387
(11.48%)
SUJETOS AGRARIOS Y ORGANOS DEL NUCLEO
AGRARIO
No aceptación como ejidatario o comunero 39
%
Uso, aprovechamiento y conservación de tierras de uso común 14 %
No reconocimiento como posesionario 13
%
Separación de un ejidatario o comunero 10
%
Otros 24
%
4. Otros 19,837
(5,79%)
ORDENAMIENTO Y REGULARIZACION DE LA
PROPIEDAD RURAL
Objetivo 1
Ordenar y regularizar la propiedad
rural, otorgando seguridad jurídica y certidumbre documental en la tenencia de
la tierra a los agentes y sujetos del sector rural, dando vigencia al Estado de
Derecho en México.
Resoluciones
Presidenciales
Ejecutorias
cumplidas del Poder Judicial de la Federación
PROCURACION DE JUSTICIA AGRARIA
Objetivo II
Disminuir la incertidumbre y fomentar
la convivencia armónica de quienes habitan el campo mexicano, para lo cual se
procurará justicia agraria rápida y expedita, privilegiando la conciliación de
intereses en la solución de conflictos.
CAPACITACION,
ORGANIZACION AGRARIA Y APROVECHAMIENTO DEL DESARROLLO URBANO
Objetivo III
Capacitar y organizar a la población
rural, para promover su integración al desarrollo productivo del País, y propiciar
que sus derechos de propiedad de la tierra, se traduzcan en un mejor nivel de
vida.
INTEGRACION PRODUCTIVA
Objetivo IV
Impulsar la integración productiva de
los sujetos agrarios para crear nuevas y mejores posibilidades de ingreso y
bienestar acordes con las potencialidades regionales.
La masa de fondos comunes depositada en
Tesorería de Nacional Financiera, S.N.C., se ha incrementado sensiblemente,
como respuesta a las acciones cobro de indemnizaciones a promoventes; y en
contraste, el número de núcleos agrarios cuentahabientes se ha venido
reduciendo, derivado del programa de promoción de retiro y entrega de fondos
comunes.
Históricamente y por determinación de
las asambleas de los núcleos agrarios cuentahabientes, poco más del 60% de las
inversiones de fondos comunes ha sido destinado a solventar las necesidades del
equipamiento social de sus comunidades, como son la construcción y
rehabilitación de casas habitación, de caminos, de salones ejidales y escuelas,
introducción de energía eléctrica y agua potable, entre otros conceptos. La
inversión destinada para actividades productivas, como son construcciones
agropecuarias, capital de trabajo, adquisición de ganado, adquisición de
tierras, maquinaria agrícola y forestal, agroindustrias e industria rural y
empresas comerciales y de servicios, ha reportado casi el 38%. La tendencia de
los últimos tres años, está indicando una alza en las inversiones de tipo
productivo, mismas que generan empleo y derrama económica en los núcleos
agrarios.
Una importante función que lleva a cabo
el FIFONAFE, es la captación de los fondos comunes derivados de indemnizaciones
por expropiación de tierras ejidales o comunales. Se tienen identificados todos
los adeudos por concepto de indemnizaciones por promovente de expropiación, a
los cuales se les requiere permanente y sistemáticamente para que realicen los
depósitos o acrediten los pagos hechos a favor de los núcleos agrarios.
Glosario de términos
A
ACCIONES
SERIE “T”. Títulos que
representan una parte del capital social de una sociedad propietaria de tierras
agrícolas, ganaderas o forestales, correspondientes a una serie especial
denominada “T”, equivalente al capital aportado en tierras o al destino a la
adquisición de las mismas, de acuerdo con el valor de éstas al momento de su
aportación o adquisición. Ningún individuo podrá detentar más acciones de esta
naturaleza que las que equivalgan a la extensión de la pequeña propiedad (Ley
Agraria, arts. 123-133).
ACUERDOS
AGRARIOS. Los
compromisos suscritos por la Secretaría de la Reforma Agraria con las
Organizaciones Agrarias que representaban a grupos que aceptaron cambiar sus
demandas de tierra por apoyos para proyectos productivos al momento de
reformarse el artículo 27 constitucional y de aprobarse la Ley Agraria de 1992.
ASAMBLEA. Organo supremo del ejido y de la
comunidad en el que participan todos los ejidatarios y comuneros legalmente
reconocidos y cuyas resoluciones son obligatorias para todos. (Ley
Agraria,arts. 22 y 27).
AVECINDADO(A). Aquellos mexicanos mayores de edad que
han residido por un año o más en las tierras del núcleo de población ejidal y
que han sido reconocidos como tales por la asamblea ejidal o el Tribunal
Agrario competente (Ley Agraria, art. 13).
B
BENEFICIARIO. Persona física integrante de un ejido
o comunidad que ha sido favorecida por una resolución presidencial, con la que
se adquiere la calidad de ejidatario o comunero.
C
CARPETA
BASICA. Conjunto de
documentos en los que se establece la creación y constitución de los ejidos y
las comunidades y que comprende la Resolución Presidencial, el Acta de Posesión
y Deslinde y el Plano Definitivo; también se indica en ella la fecha de
creación del núcleo agrario y el número de beneficiarios.
CAUSA
DE UTILIDAD PUBLICA.
Recibe la calificación de pública la utilidad, que, directa o indirectamente,
aprovecha a la generalidad de las personas que integran la colectividad
nacional, sin que ninguna pueda ser privada de ella, en cuanto representa un
bien común de naturaleza material o moral.
CERTIFICADO. Documento que avala el derecho de un
sujeto en relación con alguna cosa. Los certificados de derechos agrarios
amparan sólo derechos.
CERTIFICADO
DE DERECHOS SOBRE LAS TIERRAS DE USO COMUN. Documento que representa el derecho que tiene cada
ejidatario a usar y disfrutar de las tierras de uso común del ejido. Este
certificado lo emite el Registro Agrario Nacional y es decisión de la Asamblea
determinar las características que tendrá dicha asignación, ya sea en partes
iguales o en proporciones distintas, de acuerdo con las aportaciones
financieras o de materiales de trabajo de cada ejidatario.
CERTIFICADO
PARCELARIO. Documento en
el que se asienta el derecho que tiene el ejidatario a usar y disfrutar de una
parcela determinada al interior del ejido. El certificado parcelario lo emite
el Registro Agrario Nacional y en él se especifica el nombre del ejidatario, la
superficie de tierra que posee, la localización, así como de los colindantes
con dicha parcela. El certificado parcelario sirve para acreditar la calidad de
ejidatario.
COLONIAS
AGRICOLAS Y GANADERAS.
Personas morales con actividades agrícolas o ganaderas, donde sus miembros,
denominados colonos, tienen la propiedad de los lotes rústicos y solares
urbanos y el usufructo de las tierras de común aprovechamiento. Una
característica de las colonias es que el dominio privado se encuentra
delimitado y condicionado. Cuenta con las siguientes autoridades: la asamblea
general de colonos y el consejo de administración.
COLONO. Calidad del campesino perteneciente a
una colonia.
COMISARIADO
EJIDAL. Organo
interno del ejido encargado de la ejecución de los acuerdos de la Asamblea y de
la representación y gestión administrativa del ejido.
COMUNERO. Individuo que forma parte de una
comunidad agraria y que tiene derecho a disfrutar de los bienes de uso común.
La calidad de comunero se adquiere legalmente por ser miembro de un núcleo de
población campesina, que de hecho o por derecho guarda el estado comunal.
COMUNIDAD. Núcleo de población conformado por el
conjunto de tierras, bosques y aguas, al que le fueron reconocidos o
restituidos, y de los cuales ha tenido la posesión por tiempo inmemorial, con
costumbres y prácticas comunales.
D
DOMINIO
PLENO. Situación que
adquieren las tierras ejidales parceladas, cuando por acuerdo de la asamblea y
decisión del titular de los derechos parcelarios, éstas pasan a ser propiedad
plena de sus titulares y quedan sujetas a las disposiciones del derecho común.
DOTACION. Acción agraria que contemplaba la Ley
Federal de Reforma Agraria para constituir en ejidos a los núcleos de población
que lo hubieren solicitado o que no hubieren logrado la restitución de las
mismas.
E
EJECUTORIA. Documento judicial en el que se
consigna una sentencia que es firme.
EJIDATARIO. Hombre o mujer titular de derechos
ejidales (Ley Agraria, art. 12).
EJIDO. Persona moral de pleno derecho, dotada
de todos los atributos que integran la personalidad (nombre, patrimonio,
domicilio, nacionalidad y capacidad de goce y de ejercicio), constituida por un
acto de la autoridad federal o la voluntad de 20 individuos con capacidad
agraria, por medio del cual se les da en propiedad o éstos aportan tierras que
constituyen su patrimonio, mismo que queda sujeto a un régimen de propiedad
inalienable, imprescriptible e inembargable, salvo los casos previstos por la
ley.
ENAJENACION. Transmisión de la propiedad de una
persona que tiene el dominio legalmente autorizado de una cosa o derecho a otra
que la adquiere en virtud de este acto.
ESTRATEGIA. Directrices generales de acción que
establecen una dirección y que se operan a través de los proyectos o acciones.
EXPROPIACION. Procedimiento mediante el cual el
Estado adquiere por vía de derecho público la propiedad de una cosa por motivos
de utilidad pública mediante una indemnización.
ENAJENACION
DE DERECHOS PARCELARIOS.
Transmisión de los derechos parcelarios a otro ejidatario o avecindado,
mediante contrato por escrito ante dos testigos, inscrito en el RAN, respetando
el derecho de preferencia del cónyuge y los hijos del enajenante.
F
FEDERALISMO. Sistema de relaciones que se establece
entre los diversos niveles de gobierno en un estado federal, el cual se basa en
la unión de varios estados libres y soberanos en su régimen interior que crean
una federación.
FIDEICOMISO
DEL FONDO PARA EL APOYO A LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS DE LAS ORGANIZACIONES
AGRARIAS (FAPPA). Instrumento
jurídico para administrar los recursos que constituyen el patrimonio del Fondo
para otorgar apoyos a proyectos productivos de las Organizaciones Campesinas
que suscribieron Acuerdos Agrarios en materia de Organización y Fomento con la
Secretaría de la Reforma Agraria.
FOLIO.
Número de cuatro
dígitos asignado a cada asunto incorporado en los Acuerdos Agrarios en materia
de organización y fomento para los grupos campesinos que aceptaron desistir de
su demanda de tierra y optar por un proyecto productivo.
FOLIOS
NO ACTIVOS. Son aquellos
asignados a grupos campesinos que finalmente no aceptaron la propuesta de un
proyecto productivo o que, por problemas internos, desistieron de asociarse o
que en la supervisión realizada por la Secretaría de la Reforma Agraria, no
fueron localizados. La conclusión de estos asuntos se hace de acuerdo con
organizaciones campesinas.
FONDOS
COMUNES. Recursos
provenientes de indemnizaciones por concepto de: expropiaciones de tierras de
propiedad social; los derivados de la celebración de convenios de ocupación
previa o temporal, y los de aprovechamiento de recursos naturales que determinen
los núcleos agrarios en sus reglamentos internos o estatutos comunales, o que
acuerden en sus asambleas. Son captados, manejados y entregados por el
FIFONAFE.
G
GESTION
ADMINISTRATIVA. Acción de la
Procuraduría Agraria que tiene como finalidad llevar adelante los asuntos de
los sujetos agrarios que estén en trámite ante autoridades administrativas con
referencia a sus derechos y bienes agrarios. Esta actividad tiene como
finalidad tramitar ante las instancias administrativas los asuntos que les sean
encomendados por los sujetos agrarios a la Institución.
H
HECTAREA. Medida de superficie equivalente a 100
áreas o a 10,000 metros cuadrados.
I
INDEMNIZACION
POR EXPROPIACION. Pago que se
hace a los núcleos de población al expropiarse sus bienes ejidales o comunales
y que es fijado por el respectivo Decreto Presidencial que contenga la medida
expropiatoria, con base en el avalúo practicado por la Comisión de Avalúos de
Bienes Nacionales, atendiendo al valor comercial de los bienes.
J
JORNALERO
AGRICOLA. Trabajador
que ejecuta labores propias y habituales de la agricultura, la ganadería o de
orden forestal, al servicio de un patrón.
JUICIO
AGRARIO. Tiene por
objeto dirimir y resolver las controversias que se susciten con motivo de
conflictos de naturaleza agraria, surgidos de la aplicación de la Ley Agraria y
cuya tramitación se sujeta al procedimiento del Título Décimo, Capítulo
Tercero, de la misma Ley.
JUNTA
DE POBLADORES. Organo de
participación integrado por los ejidatarios y avecindados del núcleo de
población. Su fin es hacer propuestas sobre cuestiones relativas al poblado,
los servicios públicos, los trabajos comunitarios en la zona de urbanización y
en general sobre todos los asuntos referentes a las tierras del asentamiento
humano.
L
LIBRO
DE REGISTRO. Documento
donde se asientan los nombres y datos básicos de identificación de los
ejidatarios que integran el núcleo agrario y, que está a cargo del comisariado
ejidal.
LINDERO. Línea que señala los límites
territoriales y colindantes de una superficie en específico con las adyacentes.
Generalmente se señala mediante líneas naturales (matorrales, cauces de río) o
materiales (mojoneras, estacas).
LINEA
DE ACCION. Son
actividades sustantivas para cumplir las estrategias y alcanzar los objetivos.
LISTA DE SUCESION. Es aquella en la cual se designan los nombres de las personas y el orden
de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de derechos al
fallecer el ejidatario. Esta deberá de ser depositada en el RAN o formalizada
ante fedatario público. Con las mismas formalidades, podrá ser modificada por
el propio ejidatario, en cuyo caso será valida la de fecha posterior (Ley
Agraria, art. 17).
M
MISION. La misión es la razón de ser de la
institución. Corresponde a la organización y responde a la pregunta ¿Qué es lo
que la organización tiene que ser y hacer para lograr la visión del sector?
MOJONERA. Señal natural o artificial que sirve
para marcar los vértices de un polígono ejidal o comunal, es decir; para fijar
los linderos.
N
NACIONALERO. Término que se aplica a los
poseedores de extensiones rurales situadas en terrenos nacionales y que tengan
el uso y usufructo de las mismas. La Ley Agraria señala que los poseedores de
estas tierras tendrán preferencia para adquirir dichos terrenos si los han
explotado en los últimos tres años.
NUCLEO
AGRARIO. Término
genérico que designa a los grupos humanos que detentan tierras, ya sean
agrícolas, forestales o ganaderas, y para los asentamientos humanos de manera
colectiva; es decir, a los ejidos y comunidades.
Un núcleo agrario es el ejido o
comunidad constituido legalmente mediante:
1. Resolución
agraria administrativa,
2. Resolución
jurisdiccional o,
3. Acuerdo
de voluntades, de conformidad con lo establecido en los artículos 90 y 91 de la
Ley Agraria.
O
OBJETIVOS. Es un estado o situación que hay que
lograr, expresa el resultado que se pretende alcanzar, indica lo que se quiere,
y sirve para describir el producto final.
ORGANO
DE REPRESENTACION. Es el
representante legal del ejido ante las autoridades, y es designado por la
Asamblea Ejidal.
ORGANO
DE VIGILANCIA. Tiene como
responsabilidad supervisar los trabajos del Comisariado Ejidal, así como el
adecuado manejo de los recursos obtenidos del trabajo conjunto de los
ejidatarios y es designado por la Asamblea Ejidal.
P
PARCELA. Porción de terreno de extensión
variable destinada a las labores del campo, principalmente a la agricultura y
ganadería, la cual se asigna a cada uno de los miembros del ejido para su
explotación en forma individual o colectiva.
PEQUEÑA
PROPIEDAD. Aquella que
no excede por individuo de cien hectáreas de tierra de riego o humedad de
primera clase, o los equivalentes señalados por la legislación agraria.
PERMISIONARIO
EN ZONA FEDERAL. Persona a la
cual una autoridad competente le ha reconocido un derecho para la realización
de actos de aprovechamiento en zonas federales, mediante la expedición de un
permiso administrativo.
PLANO
DEFINITIVO. Documento
legal y gráfico que determina la extensión, localización, límites de tierras,
aguas y bosques con que se ha dotado, ampliado, restituido o reconocido a un
núcleo de población. Se deriva de la resolución presidencial respectiva y del
acto de ejecución de la misma, formando parte de la carpeta básica.
POSESIONARIO. Campesino que tiene en posesión, es
decir, ocupa, cultiva y cosecha, tierras parceladas pertenecientes a un ejido y
que no ha sido reconocido como ejidatario por la Asamblea o el Tribunal Agrario
competente.
PREDIO. Terreno con o sin construcción cuyos
linderos forman un perímetro cerrado; el lote surge de la división de un
terreno con motivo de un fraccionamiento.
PROGRAMA
o PROYECTO. Son un
conjunto de acciones que a través de una o varias líneas de acción, cumplen con
las estrategias.
PROYECTO
PRODUCTIVO. Son los que
presentan los grupos campesinos a través de las Organizaciones Agrarias,
considerados dentro del Programa de Organización y Fomento para obtener el
apoyo financiero del FAPPA.
R
REGLAMENTO
INTERNO DEL EJIDO.
Ordenamiento que acuerda la asamblea con el fin de determinar las bases para la
organización económica y social del mismo, los requisitos para admitir nuevos
ejidatarios, las reglas para el aprovechamiento de las tierras de uso común y
las demás que el ejido considere convenientes para su desarrollo.
RESOLUCION
PRESIDENCIAL. Documento en
donde el ejecutivo federal reconoce y/o asigna a un núcleo de población el
total de bienes que lo conforman, ya sea tierras de cultivo y recursos como
aguas, bosques, mineros, turísticos, pesqueros, etcétera.
REZAGO
AGRARIO. Cúmulo de
expedientes formados con motivo de solicitudes de restitución, dotación y
ampliación de tierras, bosques y aguas, creación de nuevos centros de población
y reconocimiento y titulación de bienes comunales que dirigieron los núcleos
agrarios de población a las anteriores autoridades agrarias, hasta antes de la
entrada en vigor de la reforma al Artículo 27 Constitucional de 1992, y que no
han sido resueltos en definitiva.
S
SOLARES
URBANOS. Superficie
de terreno ubicada en la zona de urbanización, dentro de las tierras del
asentamiento humano del ejido. La Ley agraria contempla que cada ejidatario
tiene derecho a un solar gratuito al constituirse la zona de urbanización. Sus
fines pueden ser habitacional, comercial, industrial y de servicio público.
SUCESORES. El ejidatario tiene la facultad de
designar a quien deba sucederle en sus derechos sobre la parcela y en los demás
inherentes a su calidad de ejidatario, para lo cual bastará que el ejidatario
formule una lista de sucesión en la que consten los nombres de las personas y
el orden de preferencia conforme al cual deba hacerse la adjudicación de
derechos a su fallecimiento. Para ello, podrá designar al cónyuge, a la
concubina o concubinario, en su caso, a uno de los hijos, a uno de los
ascendientes o a cualquier otra persona (Ley Agraria, art. 17).
SUJETO
AGRARIO. Término que
designa de manera general a aquellas personas que poseen derechos agrarios
conferidos por la legislación agraria. Se designa con este término a los
ejidatarios y comuneros que tienen derechos sobre los bienes agrarios del
núcleo de población al que pertenecen.
T
TERRENOS
BALDIOS. Terrenos de
la Nación que no han salido de su dominio y que no han sido deslindados ni
medidos. Son inembargables e imprescriptibles.
TERRENOS
NACIONALES. Terrenos de
propiedad de la Nación sobre los cuales el Ejecutivo Federal puede ejercitar
actos de administración y dominio en provecho del país. Conforme a la Ley
Agraria, son los baldíos deslindados y medidos y los que recobre la nación, y
que son inembargables e imprescriptibles.
TIERRA
AGRICOLA. La utilizada
para el cultivo de vegetales y que no está dedicada a alguna otra actividad
económica.
TIERRA
COMUNAL. La
perteneciente a las comunidades agrarias.
TIERRA
EJIDAL. Aquella que
ha sido dotada al núcleo de población ejidal o que ha sido incorporada a éste
por cualquier medio lícito.
TIERRA
DE USO COMUN. La tierra de
uso común constituye el sustento económico de la vida en comunidad del ejido y
está conformada por aquella tierra que no hubiera sido reservada por la
Asamblea para el asentamiento del núcleo de población, ni sea tierra parcelada
(Ley Agraria, art. 73).
TIERRAS
GANADERAS. Las
utilizadas para la producción y cría de animales mediante el uso de su
vegetación, sea natural o inducida.
TIERRA
PARCELADA. Conjunto de
parcelas del ejido que han sido determinadas conforme a la Ley Agraria.
TITULO
DE SOLAR URBANO. Documento
que ampara la propiedad privada sobre un solar, en favor de su legítimo poseedor.
Señala la superficie, medidas y colindancias del mismo y está inscrito ante el
Registro Agrario Nacional y el Registro Público de la Propiedad. Es resultado
de la regularización del PROCEDE.
TITULO
PARCELARIO. Ver
certificado parcelario.
TRIBUNALES
AGRARIOS. Tribunales
por materia establecidos para la administración de justicia agraria, dotados de
autonomía y plena jurisdicción y que se integran por magistrados propuestos por
el Ejecutivo Federal y designados por la Cámara de Senadores.
V
VISION. Enunciado que expresa un futuro
deseado que es factible de lograr. La visión debe orientar la transición de lo
que actualmente existe a lo que debe llegar a ser el Sector, debe responder a
la pregunta: ¿Cómo debería ser el Sector en el año 2025?.
Referencias
legislativas y bibliográficas
1. Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2. Ley
Agraria. México.
3. Ley
Orgánica de la Administración Pública Federal.
4. Ley
de Planeación.
5. Ley
de Expropiación.
6. Ley
de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal.
7. Ley
General de Bienes Nacionales.
8. Plan
Nacional de Desarrollo 2001-2006.
9. Ley
Federal de Reforma Agraria (derogada).
10. Diccionario
Jurídico Mexicano. Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, México.
11. Diccionario
de Derecho. Rafael de Pina Vara, México.
12. PA.
Procuraduría Agraria, Glosario de Términos Jurídicos, México.